La entrada en vigor de una nueva regulación en el uso de antibióticos en la práctica veterinaria ha puesto en pie de guerra al sector de las clínicas de pequeños animales en todo el país y está generando una oleada de protestas que ya se están canalizando desde los Colegios Oficiales.
En este sentido, el Colegio Oficial de Veterinarios de León ha remitido esta semana una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para trasladarle el “desacuerdo, malestar e inquietud general” de los profesionales clínicos de animales de compañía ante los cambios normativos.
El Colegio profesional recuerda al ministro que ha recabado información de la situación de los propios veterinarios del sector, quienes en sus críticas han puesto en el foco al sistema Presvet, una base de datos creada por el Ministerio para la comunicación del uso de antibióticos en la práctica veterinaria.
En la carta enviada al ministro, el Colegio recuerda que los veterinarios clínicos de pequeños animales, como sanitarios, “son los primeros interesados en garantizar el buen uso de los medicamentos veterinarios y en especial de los antibióticos, ya que, como garantes que son también de la salud pública, trabajan no solo por la salud de sus pacientes sino también por la del conjunto de la sociedad. Entendemos la necesidad de garantizar un uso responsable de los antibióticos, como ya hemos venido haciendo, asegurándonos de dosificar correctamente según el peso y las necesidades específicas de cada paciente, evitando sobrantes innecesarios y minimizando las resistencias, actuando siempre según nuestro código deontológico”.
La misiva prosigue señalando que, sin embargo, “son numerosos los problemas que está suscitando el sistema Presvet, que genera una gran carga administrativa y cada día nuestros colegiados presentan más quejas”.
El Colegio Oficial de Veterinarios de León detalla en su carta ministerial los principales escollos con los que se encuentran los profesionales desde la entrada en vigor en enero de la nueva normativa.
En primer lugar, recuerdan que limita la toma de decisiones basadas en el criterio profesional, sin tener en cuenta que la elección del antibiótico o tratamiento adecuado en cada paciente “debe ser del profesional veterinario”, que está perfectamente cualificado para determinar “qué antibiótico debe administrar o prescribir en cada momento, a qué dosis, para qué indicación y la duración del tratamiento”.
A este respecto, detallan al ministro cómo está siendo la dinámica de trabajo ahora y los riesgos que puede traer consigo. “Aunque el sistema Presvet no va contra el criterio clínico, nos obliga a justificar la necesidad de uso de cada antibiótico que utilicemos o prescribamos, y aunque no obliga a esperar resultados de pruebas, nos obliga a pautar primero un antibiótico del grupo D, si no funciona pasaríamos al grupo C y así sucesivamente. Todo esto puede derivar en que un proceso patológico grave o urgente que se podría haber solucionado con unos días de un determinado antibiótico o combinación de varios, o bien no se solucione o fallezca el paciente mientras esperamos los resultados de las pruebas que justifiquen su uso. Hay que recordar que los antibióticos restringidos del Grupo A no se utilizan prácticamente nunca en veterinaria, siendo los más utilizados en nuestra profesión los de los grupos D, C y B”.
En su carta, los veterinarios reprochan, por tanto, que la nueva norma “crea riesgos para la vida del paciente” al impedir “tomar decisiones de forma rápida y justificada”. “Deberíamos poder priorizar siempre la vida y el bienestar del paciente. Nuestro código deontológico y nuestra ética profesional así nos lo pide”, advierten.
Denuncian también que el sistema Presvet lleva aparejado en la ley “un régimen sancionador desproporcionado” y “profundamente injusto, criminalizando al veterinario por simples errores administrativos”. Piden la revisión racional de estas sanciones porque “sólo generan miedo en los profesionales, limitan el criterio clínico y nos convierten en meros administrativos de un protocolo estándar que en la mayoría de las ocasiones no es efectivo, práctico e incluso puede ser contraproducente para la salud de nuestras mascotas”.
El nuevo sistema, señalan, tiene también “costes inasumibles para propietarios”. “En un escenario teórico lo ideal sería realizar siempre un antibiograma. Pero en el mundo real, si un cliente rechaza pruebas necesarias y el tratamiento con antibióticos del grupo D no es efectivo, no tenemos margen de actuación. Aunque sea más un problema de consumidores y usuarios, nos afecta a nosotros como prestadores de esos servicios”, recuerdan.
Entre otros escollos, los veterinarios apuntan además que el nuevo sistema “genera problemas en la gestión de los excedentes de medicamentos”, que no hay una integración completa con los programas de gestión veterinaria y que dificulta la trazabilidad de los tratamientos inyectables.
Por todo ello, desde el Colegio Oficial de Veterinarios de León solicitan que se modifique este sistema o se diseñe un sistema alternativo “que permita un control real y efectivo del uso de antibióticos”. Mientras tanto, reclaman que se suspenda el sistema Presvet de modo cautelar hasta que se implemente uno nuevo “adaptado a la realidad de la clínica veterinaria de las mascotas, que permita y facilite su integración con los sistemas de gestión de nuestras clínicas, que respete siempre la libre actuación de nuestros excelentes profesionales veterinarios que velan diariamente por la salud de nuestros animales, la salud pública y la salud ambiental”.
La institución profesional exige que el nuevo sistema “sea más eficiente y compatible con la práctica clínica diaria”, controlando a los distribuidores de los antibióticos suministrados, revisando los tratamientos empleados mediante los historiales clínicos, “como ya se viene haciendo desde hace años”, y sobre todo “confiando en las buenas prácticas” de los veterinarios y en el cumplimiento de su código deontológico.
