Colegio

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Junta de Gobierno Actual 

Presidente

D. Luciano Diez Diez

Secretario

D. José María García Redondo

Vicesecretaria

Dª.  Cristina Muñoz Weigand

Vocales

D. Jesús García Caballero

D. José Maturino Díez Vega

D. Miguel Ángel Melón Saavedra

D. Tomás Mantecón González

D. Pedro Neira Busto

 

Origen del Colegio

El Colegio Oficial de Veterinarios de León se creó  en 1908 en una reunión celebrada con tal motivo en la Escuela de Veterinaria de León por unos 60 compañeros, entre representantes y representados, bajo la Presidencia de D. Emilio Tejedor, Catedrático de la Escuela. Se designó para formar la Junta directiva a los siguientes señores: Presidente, D. Emilio Tejedor; Vicepresidente, D. Justino Velasco; Tesorero, D. Isidoro Martínez; Secretario, D. Matías F. Zancada; Vicesecretario, D. Sabino López; Vocales, D. Ángel Santos y D. Francisco González.

 

Los Presidentes del Colegio Oficial de Veterinarios de León han sido:

D. Emilio Tejedor Pérez(1908-¿?)

 

D. Nicóstrato Vela Esteban (1925-1926)

 

D . Aurelio González Villarreal (1926-1932)

D. Fernando Vega Baca (1932-1938 y 1946-1949)

D. José Álvarez Díez (1938-1940)

D. Santos Ovejero del Agua (1940-1943)

D. Isidoro Pellitero Morán (1943-1946)

D. Jaime Rojo Rodríguez (1949-1952)

D. Manuel Rodríguez Tagarro (1952-1954)

D. Miguel Cordero del Campillo (1954-1956)

D. Valentín Rodríguez Rodríguez (1956-1962)

D. Toribio Ferrero López (1962-1963)

D. Antonio Díaz Domínguez (1963-1963)

D. José Fernández Ramón (1963-1977)

D. José Teresa Remis (1977-1983)

D. Miguel Abad Gavín (1983-2002)

17 

D. José Luis Teresa Heredia (2002-2013)

 Captura

D. Luciano Diez Diez (2013-Hoy)

 

  

De los 60 colegiados, aproximadamente, existentes en 1908 cuando se creó el Colegio Oficial de Veterinarios de León, se ha pasado a más de 1000 que hay en la actualidad entre jubilados, recién licenciados, profesionales en el sector público de la Administración Central y Autonómica (en campos de actuación como la Salud Pública, la Sanidad Animal, el Medio Ambiente), en la Industria Agroalimentaria, en la Docencia e Investigación, y en el ejercicio liberal de la clínica veterinaria de grandes y pequeños animales.

 

Las sedes sociales de este Colegio han sido varias desde su creación. Inicialmente se utilizaron para la celebración de sus Juntas Generales, además de la Escuela de Veterinaria de León, diversas sedes de distintas asociaciones existentes en León hasta que a finales de 1933 se fija la sede social en la C/ Ruiz de Salazar, 1 - 2º dcha. (Casa Botines), en 1960 se traslada a la C/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º izq. y en diciembre de 2004 se traslada a la que actualmente es su domicilio social en la C/ Fotógrafo Pepe Gracia s/n.

Actos de inauguración de la nueva sede colegial del

Colegio Oficial de Veterinarios de León

 

 

Notas históricas sobre los Colegios de Veterinarios en España:

 

 el Colegio Oficial de Veterinarios de León

 

 

 

Prof. Dr. Miguel Cordero del Campillo

 

Catedrático emérito de la Facultad de Veterinaria de León

 

 

 

 CONFERENCIA IMPARTIDA CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LEÓN.

 

LEÓN, 21 DE MAYO DE 2005.

 

   -O-O-O-O-O-

 

1.      Introducción

 

Decía Marco Tulio Cicerón a Marco Terencio Varrón que, antes de él, los romanos no sabían quienes eran, ni dónde estaban, algo así como si fueran extranjeros en su propia tierra, pero que Varrón les había descubierto la edad de su patria, las épocas de su historia, del derecho sacro y el profano y, en una palabra, los saberes humanos y los divinos.

 

            De San Isidoro, patrono de la Universidad de León, decía su discípulo Braulio, en el siglo VII, que había sido para Hispania – ese “país” cuya existencia niegan algunos en nuestros días –  lo que Varrón para Roma.

 

            Tomo esta larga cita de A. Fontán (2001) para mostrar la intención que me anima al pronunciar unas palabras con motivo de la inauguración de la nueva sede del Colegio Oficial de Veterinarios de León, para que, al tiempo que me sirva de justificación, pueda incitar a los colegas a conocer nuestro pasado.

 

 

 

2.      Precisiones terminológicas

 

            Del mismo modo que un muchos textos legales se habla del “profesor veterinario”, para designar al “profesional veterinario”, sin tener nada que ver con el dedicado a la enseñanza  veterinaria, en muchos textos oficiales del siglo XIX se emplea la expresión “Colegio veterinario” como sinónimo de “Escuela de Veterinaria”, y se habla de “Facultad de Veterinaria” refiriéndose a la profesión veterinaria, de donde viene lo de “facultativo” para designar al profesional. Así, la primera Escuela de Veterinaria de Madrid, llevó el nombre de “Real Colegio de Veterinaria” y, sin duda, por  pereza del legislador, se mantuvo en algunos textos la equivalencia Colegio = Escuela. En el Reglamento promulgado en 17 de marzo de 1847, que suprimía la Junta Suprema  de Sanidad y creaba la Dirección General de Sanidad con fines ejecutivos, y el Consejo Nacional de Sanidad como órgano consultivo, se dispone en el art. 11 que, en la junta de Madrid, “además de los profesores [profesionales] de medicina y farmacia, habrá uno de veterinaria, que será siempre un catedrático del Colegio [Escuela] de esa Facultad” [profesión]. Lo mismo sucede con la Ley de Sanidad de 28 de noviembre de 1855, en cuyo capítulo IV se establece que formará parte del Consejo de Sanidad “un catedrático del Colegio de Veterinaria”, cargo que ocupó Dalmacio García Izcara, antiguo catedrático de la Escuela de León, entonces ya en la de Madrid.

 

 

 

3. El derecho de asociación en las Constituciones y otras Leyes fundamentales españolas

 

            3.1. Textos constitucionales a partir del siglo XIX (Sáinz de Varanda, (1957).

 

El derecho de asociación figura por primera vez en la Constitución promulgada el 1 de junio de 1869, tras el destronamiento de Isabel II. El Título I, “De los españoles y sus derechos”, en su art. 17 establece, entre aquellos de los que no pueden ser privados los españoles, el de “asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública”. El art. 19 señala que las asociaciones pueden ser disueltas cuando sus miembros delincan “por los medios que las mismas les proporcionan” y la Ley de Orden Público de 23 de abril de 1870, las condiciones para suspender sus derechos.

 

            Durante la I República española, el Proyecto de Constitución Federal de 17 de julio de 1873, incluye en su Título Preliminar, punto 4º, “el derecho de reunión y de asociación pacíficas” y, en el Título II, “De los españoles y sus derechos”, relaciona en el art. 19 aquéllos de los que no pueden ser privados, el de “reunirse y asociarse pacíficamente para todos los fines de la vida humana, que no sean contrarios a la moral pública”, reproduciendo el texto de 1869.

 

            El art. 26 permite que “todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instrucción o de educación, sin previa licencia, salvo la inspección de la autoridad competente por razones de higiene y moralidad”, añadiendo al texto de 1869, el derecho de “reunión” y el adverbio “pacíficamente”. Un decreto de Manuel Ruiz Zorrilla dice que “todos los españoles podrán fundar centros de enseñanza” y algunas diputaciones y ayuntamientos hicieron uso de tal autorización dando origen a las Escuelas Libres de Veterinaria, cuyas consecuencias fueron negativas para la profesión. Rafael Pérez del Álamo, albéitar promotor de la Escuela de Sevilla, fue famoso como caudillo de una revolución de campesinos andaluces (Madariaga de la Campa, 1973).

 

La Constitución de 30 de junio de 1876, tras la Restauración de la monarquía en Alfonso XII, en el Título I, “De los españoles y sus derechos”, art. 12 recoge lo relativo al art. 26 del proyecto de Constitución Federal, con el añadido de “con arreglo a las leyes” y reservándose el Estado la expedición de los títulos profesionales y la forma de probar la aptitud. El art 13 incluye en la lista de los derechos de todo español, el de “asociarse para los fines de la vida humana”, utilizando la expresión de las constituciones anteriores, pero sin exigir que no fueran “contrarios a la moral pública”, como antes figuraba.

 

            El gobierno de Práxedes Mateo Sagasta, suegro del farmacéutico y político leonés Fernando Merino,  promulgó la Ley de Asociaciones, de 30 de junio de 1887, durante la minoría de Alfonso XIII, que confirma en su art. 1º lo dispuesto en el 13 de la Constitución, pero amplía el texto para decir que “Se regirán también por esta ley los gremios, las sociedades de socorros mutuos, de previsión y de patronato y las cooperativas de producción, de crédito o de consumo” y, en el art. 4, fija las condiciones exigidas para la legalización. Gracias a esta ley nació en Valencia (1897) el que fue primer Colegio de Veterinarios de España, que funcionó hasta 1902 como agrupación voluntaria y se convirtió  realmente en Colegio oficial en 30 de junio de 1904.

 

El Anteproyecto de Constitución de la Monarquía Española y otras leyes complementarias presentadas a la Asamblea General, que substituyó a las Cortes durante la Dictadura de Miguel Primo de Rivera,  en  6 de julio de 1929, en su Título III, “De los deberes y derechos de los españoles y de la protección otorgada a su vida individual y colectiva”, en el art. 26 dice que “Cada cual es libre de elegir su profesión y de aprenderla como mejor le parezca. Todo español podrá, dentro de la Constitución y de las leyes, fundar y mantener establecimientos de instrucción y educación”. Al Estado corresponde expedir los títulos profesionales y establecer las condiciones que deberán reunir los que pretendan obtenerlos y la forma en que han de probar su aptitud”.

 

El art. 29.3 menciona, entre los derechos de los españoles “en su vida de relación”, el de “asociarse con sus conciudadanos para los fines de la vida humana, constituir con ellos personas jurídicas dotadas de capacidad civil que las leyes reconozcan, y coligarse con los de su oficio o profesión, para la defensa y el mejoramiento de sus intereses”.

 

La Constitución promulgada por la II República española en 9 de diciembre de 1931, dice en su art. 39: “Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana, conforma a las leyes del Estado. Los Sindicatos y Asociaciones están obligados a inscribirse en el Registro público correspondiente, con arreglo a la ley”. Es la primera Constitución española donde se mencionan explícitamente los sindicatos, aunque el primero de los de España, la Unión General de Trabajadores (UGT) había nacido con el PSOE, en Barcelona, en agosto de 1888 y, también en Barcelona, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), creada en octubre de 1910 y registrada oficialmente en septiembre de 1911. Socialistas y anarquistas, se habían separado en el Congreso que celebró La Internacional en La Haya, en 1872.

 

Tras la guerra civil cambió radicalmente la estructura del Estado, pero los Colegios profesionales no se vieron afectados substancialmente, no así los sindicatos, que fueron agrupados en la Central Nacionalsindicalista.   

 

 

 

            3.2. La Constitución de 1978

 

            Aprobada  por las Cortes Generales el 31-X-1978, ratificada por el pueblo español en referéndum el 6-XII-1978 y sancionada por S. M. el Rey don Juan Carlos I ante las Cortes Generales el 29-XII-1978, se publicó en el B. O. E. núm. 311-1, de 29-XII-1978.

 

            El Título I, De los derechos y deberes fundamentales, Capt. Segundo, Derechos y libertades, Sección 1ª, De los Derechos fundamentales y libertades públicas, en su art. 28 establece el derecho de sindicarse libremente.

 

            En la Sección 2ª, De los derechos y deberes de los ciudadanos, el art. 35.1 se refiere al “Deber de trabajar y el derecho al trabajo y a la libre elección de oficio” y, en el 35.2, “La ley regulará un estatuto de los trabajadores”.

 

El art. 36 dice: “La ley regulará las peculiaridades del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos”.

 

            El art. 37.1 señala que “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”.

 

            Como es bien sabido, en la actualidad se plantea en algunos sectores de las profesiones, cierto enfrentamiento colegios profesionales vs. sindicatos profesionales, en parte por el mayor dinamismo reivindicativo de éstos respecto a aquéllos, particularmente los vinculados a los grandes partidos políticos. Lo curioso es que, en nuestra Constitución, se advierte cierta consideración primordial a la sindicación, que aparece en la primera Sección del Título I, mientras que la mención de los colegios profesionales se halla en la Sección 2ª, en la que también se incluyen referencias relacionadas con los trabajadores.

 

            Pero lo que es más importante, desde el punto de vista colegial, es que, por primera vez  en el Derecho constitucional español, se trata de los colegios de las profesiones tituladas. Quiero recordar en este momento a Ángel Zamanillo Encinas, entonces presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca y senador independiente por dicha provincia, miembro del grupo de “Progresistas y socialistas independientes” del Senado al que yo pertenecí, quien defendió la inclusión explícita de los colegios en el texto constitucional, a su paso por la Cámara Alta.

 

           

 

            3.3. Los Colegios en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León

 

            Al desarrollarse la estructura autonómica del Estado, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero (B. O. E. nº. 82, de 2 de marzo y B. O. C. y L., nº. 5. Extraordinario, de 10 de marzo), incluye normas legales que afectan a las organizaciones colegiales de modo directo, como es el art. 34, titulado “Competencias de desarrollo normativo y de ejecución”, que trata en el apartado 1.11ª de los “Colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas”. De modo indirecto, otros apartados del mismo artículo tienen también interés para la Veterinaria, como el 34.1.1ª de Sanidad e Higiene, promoción, prevención y restauración de la salud; el art. 34.1.4ª de la Defensa del consumidor;  34.1.5ª del medio ambiente y los ecosistemas; el 34.1.8ª De la ordenación del territorio; el 34.1.9ª de montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales y protegidos. Además, el art. 36.7 sobre los productos farmacéuticos no puede sernos ajeno a los veterinarios.

 

            Los Colegios Oficiales de Veterinarios de las nueve provincias incluidas en esta Autonomía acordaron federarse (1986), ocupando la presidencia el que lo era de Valladolid, don Paulino Díez Gómez, con nuestro compañero el Prof. Dr. Miguel Abad Gavín representando al Colegio de León. En l989, el Prof. Abad Gavín fue nombrado presidente de la Federación, la cual pasó a denominarse Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León en 1998. Por Ley 7/2001, publicada en el B. O. C. y L., nº 231, de 28 de noviembre de 2001, se creó el Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla y León, presidido por don Miguel Abad Gavín hasta su renuncia a la presidencia del Colegio O. de Veterinarios de León (2002). El actual presidente del Consejo es don Rafael Laguens García, presidente del Colegio de Ávila, a quien acompañan como vocales los presidentes de los Colegios de las provincias que integran la Comunidad Autónoma, entre ellos don José Luis Teresa Heredia, titular del de León.

 

 

 

            3.4. Tratado por el que se establece una Constitución para Europa

 

            En el Título II, “Libertades”, dice el art. II-72.1: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que supone el derecho de toda persona a fundar con otros sindicatos y afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.” Los españoles han aprobado el tratado en referéndum convocado por el gobierno, el 20 de febrero de 2005.

 

 

 

4. Etapas de la regulación del ejercicio profesional

 

            Durante la vigencia del Albeiterato, la regulación del ejercicio profesional y los aspectos relativos a lo que hoy llamamos seguridad social, especialmente la previsión, era responsabilidad de los gremios, y los albéitares, herradores y herreros, junto con otros trabajadores de metales, generalmente se unieron bajo el patronazgo de San Eloy de Noyon. Sobre estas cuestiones, tenemos valiosos estudios de varios colegas relativos a la historia de algunos colegios oficiales de veterinarios, mereciendo especial mención los de Vicente Dualde Pérez, centrados sobre la ciudad y Reino de Valencia (Dualde Pérez, 1997 y 2002)

 

            Lamentablemente, nuestra profesión llegó con retraso (1793) a incorporarse a las enseñanzas académicas respecto a las afines del mundo de las ciencias de la salud. Las primeras Escuelas de Medicina aparecen en Europa en el siglo XII, de las que fueron famosas la de Salerno y la de Montpellier y, cuando se crean las primeras Universidades, se acomodan al esquema canónico, con Facultades de Teología, Derecho, Medicina y Artes, basando la instrucción médica en los saberes de las anteriores Escuelas (Laín Entralgo, 1982). La Universidad de Salamanca, creada hacia el año 1215 (otros dicen 1218-1220), por el último rey de León, Alfonso IX, cuenta con el primer documento universitario de España, que es el Estatuto concedido por Fernando III el Santo, otorgado en la ciudad de Valladolid en 1242. Más tarde, Alfonso X el Sabio promulgó sus Ordenanzas, en Toledo, el 8 de mayo de 1254, consideradas como la Carta Magna de la Universidad salmantina, que señalaba retribuciones para las diversas cátedras, entre las que figuraba la de Física, que reunía Medicina y Ciencias Naturales (Jiménez Fraud, 1971). En el Reino de Aragón, Jaime II fundó la Universidad de Lérida, amparada por bula pontificia (1297), y Pedro IV la de Huesca, ambas con enseñanza de Medicina, con mayor importancia en la primera (Granjel, 1981). Es decir, desde el siglo XIII existía en España la enseñanza académica de la Medicina, con sus grados de bachiller, licenciado y doctor. Los Reyes Católicos establecieron el Protomedicato en 1477 y Felipe II reguló (1593) el ejercicio de medicina y cirugía con dos tipos de profesionales: los médicos (físicos), “latinistas”, formados en la universidad en obras escritas en esta lengua, a través de los grados de bachiller, licenciado y doctor, y los cirujanos (con barberos, sangradores etc.), entre los cuales había latinistas, pero predominaban los “romancistas”, que se expresaban en castellano y otras lenguas neolatinas (Fernández  Arienza, 1998).

 

            Como antecedente académico de la Farmacia se cita la cátedra de “sirogismos” de Valencia, en el siglo XVI, pero la enseñanza estuvo durante mucho tiempo vinculada a la de Medicina. A comienzos del siglo XIX se cursaron obligatoriamente algunos cursos en los Colegios de la Facultad Reunida de Medicina, Cirugía y Farmacia, y más tarde (1843-1845) en las Facultades de Medicina y Farmacia (Folch  Jou y Puerto Sarmiento, 1984). En España, a principios del siglo XIX se ordena la creación del Colegio de San Fernando de Farmacia en Madrid, situado en la calle del Barco, donde permaneció hasta 1830, que serviría de modelo para los de otras partes de España. La transformación en Facultad de Farmacia fue consecuencia del “plan Pidal”, de 1845 (Prof. Dr. A. R. Martínez Fernández, 2005, com. pers.). Algo semejante, en cuanto a la relación Medicina/Farmacia ocurrió en los EE. UU. de América, cuya primera Facultad independiente fue el Philadelphia College of  Pharmacy, creado en 1821.

 

En cuanto a Veterinaria, aunque el Tribunal del Protoalbeiterato creado por los Reyes Católicos en 1500, representó un reconocimiento de la profesión como “arte liberal y científico”, tuvo que esperar hasta finales del siglo XVIII para contar con una enseñanza académica, con el Real Colegio de Veterinaria de Madrid (1793), aunque, para nuestra desgracia, no se suprimió el Protoalbeiterato sino que, por Decreto de 6 de agosto de 1835, se fusionó con la Escuela de Veterinaria de Madrid, dando lugar a la que tomó el nombre de “Facultad de Veterinaria”, hasta 1852 en que desapareció, de manera que, desde finales del s. XVIII hasta esta fecha, se expidieron ambos títulos, con lo que, en España, coexistieron con los albéitares, durante muchos años, veterinarios de varias clases (de primera, de segunda y graduados en las Escuelas libres). Estas dos circunstancias, tardía incorporación a la enseñanza académica y persistencia de la albeitería, han contribuido poderosamente al retraso con que la sociedad ha valorado adecuadamente a la Veterinaria moderna en España, hasta su plena incorporación a la Universidad (Sanz Egaña, 1941; Anónimo, 2002).

 

Sanz Egaña (1941), Dualde Pérez (1997), Sánchez Lubián (1997) y Moraleda Benítez (2004), entre otros, han estudiado el proceso del asociacionismo en nuestra profesión en España, desde la etapa gremial hasta finales del siglo XIX, cuando avanza el sentimiento corporativo que desemboca en la creación de los Colegios veterinarios, cuyas constantes preocupaciones han sido la beneficencia, la persecución del intrusismo y la mejora de la preparación científica y técnica de sus miembros, como base del prestigio de la profesión, con la ambición de alcanzar mayor consideración social.

 

Las primeras asociaciones propiamente veterinarias comienzan a crearse con fines benéficos, como la presidida  por Ramón Llorente Lázaro, con el nombre de “Asociación Veterinaria de Socorros Mutuos”, en 1840, de vida efímera.

 

            Juan Morcillo y Olalla, aparte de su gran mérito como precursor de la inspección veterinaria de alimentos, fue el promotor de la Asociación Veterinaria de las Riberas del Júcar (1852).

 

            En 1855 nace la Academia Española de Veterinaria, con el propósito de mejorar la formación científica de sus miembros y “la adquisición de los derechos que les correspondan”.

 

            Téllez Vicén y Santiago de la Villa promueven la Unión Veterinaria (1878) y, por fin, en 1884 surge la Liga Nacional de los Veterinarios Españoles, primer intento de unión de todos los profesionales,

 

            En 1897 se crea el primer Colegio en Valencia (Anónimo, 1997) y, en el primer año del siglo XX, los de Barcelona, Segovia, Vizcaya, Navarra, Huesca, Zaragoza, Logroño, Castellón de la Plana, Jaén… continuando en 1902 con el de Alicante y, a partir de 1904, con los de Badajoz, Madrid, Cuenca, Valladolid, Málaga, Granada, Ciudad-Real, Cádiz, Cáceres, Gerona etc. Varios Colegios cuentan con publicaciones conmemorativas del proceso (Calero Carretero y Gómez-Nieves, 1995; Anónimo, 1997; Anónimo, 2000; Anónimo, 2002, Camps Rabadá, 2000), aparte de referencias en otros trabajos (Vives Vallés, 2003; Dehesa Santisteban, 2004;  De Juana Sardón, 2004; Moraleda Benítez, 2004).

 

            El asociacionismo veterinario, que ya iba fraguando en los Colegios, demandaba un dinamismo que desbordaba el marco colegial provincial y buscaba abarcar todos los sectores de la profesión y alcanzar una organización nacional, aunque había reticencias en algunos colegios a perder autonomía. Cristaliza así la Asociación Nacional Veterinaria Española (ANVE) en 1922, con motivo de la V Reunión que tuvo lugar en Madrid y se constituyó legalmente en 17 de abril de 1923, con Dalmacio García Izcara como presidente y Félix Gordón Ordás, como Secretario. La Dictadura de Primo de Rivera la suspendió por R. O. de 27 de octubre de 1925, cuando era presidente Cesáreo Sanz Egaña, por la intervención de Félix Gordón Ordás en el conflicto entre el catedrático de Fisiología de Madrid y los alumnos. En mayo de 1926 nació la Unión Nacional de Veterinarios, que se disolvió en l928, cuando el Ministerio de Gobernación intentó  crear una nueva entidad que agrupara  todas las existentes que se ocupaban de aspectos económicos, benéficos y culturales, pero fracasó. En respuesta a la solicitud de una asamblea de representantes provinciales de la extinta ANVE, por R. O. de 11 de febrero de 1930  se dejó sin efecto la R. O. que la había extinguido y se la  restableció con los mismos Estatutos que tenía y la misma directiva. En 16-19 de mayo de 1930 la VI Asamblea Nacional eligió nueva directiva, bajo la presidencia de Gordón Ordás, con otro leonés como vicepresidente, Rafael González Álvarez. El 30 de agosto de 1945 se aprueban las Ordenanzas de los Colegios Provinciales y del Consejo General; éste último había pasado a llamarse “Consejo General de los Colegios Veterinarios de España” desde el 4 de febrero del mismo año (Sáiz Moreno  y Pérez García, 1987; Anónimo, 2002).

 

            La colegiación de los miembros de las profesiones sanitarias comenzó siendo voluntaria, según la Instrucción General de Sanidad (12 de enero de 1904), cuyo Capítulo II, titulado “Colegios y jurados profesionales”, establece en su art. 85  que “Podrán los médicos, farmacéuticos y veterinarios colegiarse, conjunta o separadamente, para mejoramiento mutuo, apoyo e instrucción de sus clases respectivas. Procurarán el fomento de la lucha contra el intrusismo, la creación de montepíos y sociedades de seguros”. Estas asociaciones podrían tener el carácter de “oficiales” solicitándolo del Ministerio de la Gobernación.

 

              En 1916 se hizo obligatoria la colegiación de los farmacéuticos con oficina de farmacia abierta y, en l918, la de los médicos. Los veterinarios permanecieron al margen de este precepto hasta el R. D. de Gobernación de 27 de marzo de 1922, que los incluyó en la obligatoriedad, por entender que la Veterinaria era “digna, tanto por su cultura, como por su importancia social, de que se le concedieran [estas ventajas] para su mejoramiento, instrucción y mutuo apoyo”. Por R. O. del Ministerio de Gobernación de 13 de agosto, se aprobaron los Estatutos.

 

En el R. D. de Gobernación de 13-VIII-1922 se promulgaron los Estatutos de las Asociaciones [Colegios] de Veterinarios de España, imponiendo la colegiación obligatoria de todos los ejercientes civilmente y dejando fuera de este deber a los veterinarios militares y a los civiles sin ejercicio profesional privado.

 

            La financiación pesaba sobre los propios colegiados, que debían aportar sus cuotas pero luego, apoyándose en los servicios que prestaban a la sociedad, lograron que, por R. D. de 19-XI-1924, se autorizara a los colegios a emitir un sello por importe de 0,10 ptas, para allegar fondos para su sostenimiento económico.

 

            Cuando se acercaba el final del reinado de Alfonso XIII, por R. D. de 18-VI-1930 se organizaron los servicios veterinarios centrales, provinciales y locales de España.

 

            Con la llegada de la II República española (1931) fructificaron años de lucha profesional con la creación de la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias, tarea en la que fue indiscutible protagonista principal, el leonés Félix Gordón Ordás, primer presidente de honor de nuestro colegio (Cordero del Campillo, 1973 y 2004a).

 

            Entre los fines de los Colegios profesionales se confirman la mejora de la preparación intelectual y profesional de sus asociados, junto con la atención a la promoción social de la Veterinaria; la regulación del ejercicio profesional, incluyendo la vigilancia de los valores éticos y la atención hacia nuevo campos de trabajo que surgen en las sociedades desarrolladas; la elevación de propuestas a las autoridades y, en su caso, la reivindicación, ante las administraciones públicas; la defensa contra el intrusismo, los socorros mutuos y la previsión de pensiones y ayudas diversas, en fin, una territorio siempre abierto a la inquietud, inteligencia y dinamismo de las minorías dirigentes de la profesión, levadura imprescindible para lograr la participación de la masa profesional.

 

            Los colegios y otros tipos de asociaciones veterinarias siempre han estado presentes en las cuestiones que preocuparon a la profesión. Lo mismo discutían sobre el número de Escuelas o Facultades, públicas o privadas que existían, solicitando generalmente la supresión de algunas, que participaban en propuestas sobre los planes de estudio. Hay que decir que, no pocas veces, los colegios fueron muy por delante del profesorado de las Escuelas/Facultades en la toma de conciencia de la existencia de problemas y en la aportación de ideas. De ellos nacieron propuestas para que se regulara legalmente la policía sanitaria, tanto en lo que respecta al mundo animal (epizootias etc.) como en su relación con el papel del veterinario como miembro del colectivo responsable de la Sanidad Nacional. La exigencia del título de bachiller para ingresar en las Escuelas y no solo los conocimientos equivalentes a dicho grado, que se demostraban en los exámenes de ingreso; la conversión de las Escuelas en Facultades universitarias; el establecimiento de estudios de doctorado, etc. etc. Fueron las reivindicaciones de la profesión, muchas veces gestadas en las asociaciones y colegios veterinarios, las que reclamaron la creación de cuerpos específicos al servicio de la administración central y periférica del Estado, desde el Cuerpo de Inspectores Pecuarios, que llegaría a ser el Cuerpo Nacional Veterinario, hasta las plazas de Inspectores Municipales Veterinarios, convertido en el Cuerpo de Veterinarios Titulares que, desde 1963, pasaron a ser remunerados directamente por el Estado y no, como venía siendo reglamentario, por los municipios, que pagaban poco y mal.     

 

            No es sorprendente descubrir que las etapas del asociacionismo profesional veterinario se han repetido en otros países, incluyendo Francia, donde se crearon las primeras Escuelas de Veterinaria. Así, nació en el Departamento de Calvados y de la Mancha (1829), la primera asociación veterinaria con el propósito de desarrollar la preparación cultural y científica, y para combatir a los empíricos, que fue seguida de otras sociedades dispersas por Francia, incluidas la de Alfort (1844), que añadía a sus fines la mejora de la posición social de los veterinarios, y la de Toulouse (1857), donde se crea una sociedad de socorros mutuos y defensa de la profesión y, al tiempo, toma conciencia de la conveniencia de pasar de los niveles locales a los nacionales, de manera que el proceso concluye con la creación del Grand Conseil des Vétérinaires de France, con sede en París (1878). Posteriormente, llegó la ley de 1920 que dio el derecho de sindicación a las profesiones liberales y, durante la vigencia del régimen de Vichy (1942), transformó la federación de sindicatos en la Orden de los Veterinarios  (Hubscher, 1999).

 

 

 

 5. Los Colegios de los sanitarios leoneses: el Colegio de Veterinarios de León

 

5.1. Médicos y farmacéuticos.

 

Sobre la historia de la medicina leonesa, incluyendo su Colegio Oficial, ha trabajado eficazmente Fernández Arienza (1998). En 1898 se iniciaron los movimientos para la creación, con motivo del R. D. sobre Estatutos para el Régimen de los Colegios de Médicos. La primera noticia aparece en el B. O. de la Provincia, el 16 de septiembre de 1898, con la lista de los miembros elegibles. No hubo ningún entusiasmo, sino disputas por la colegiación obligatoria,  a la que se oponían algunos sectores, arguyendo que atentaba a la libertad de los profesionales. Así las cosas, nada se hizo, de manera que el 8 de noviembre de 1900, el Director General de Sanidad envió carta-circular recordando que la R. O. del 3 del mismo mes concedía un plazo de dos meses para que se constituyeran los colegios de médicos y de farmacéuticos, en las provincias que aún no lo hubieran constituido.

 

            El 22 de enero de 1904, con motivo de una Instrucción de Sanidad, un reducido grupo de médicos se reunió en los locales de Amigos del País, el 7 de agosto de ese año, para nombrar una Junta Directiva, pero aquel proyecto se extinguió sin más consecuencias, hasta que, el 15 de junio de 1917, se reunió un grupo de médicos en el salón de actos de la entonces Escuela Especial de Veterinaria (Cordero del  Campillo, 2004b), para elegir la Junta directiva y aprobar el reglamento de interior. En la misma sesión, confirmaron a los miembros de la Junta que venía actuando interinamente, resultando presidente don Emilio Hurtado Merino. Fue la refundación y consolidación definitiva del Colegio.

 

            El Colegio Oficial de Farmacéuticos de León se fundó en 1901 (El Porvenir de León, 26 de enero de 1901, com. pers. R. Cubillo y Mª Luisa Martínez), bajo la presidencia de Ricardo G. Cienfuegos, con Jacinto Peña como secretario, y con los vocales Justino Velasco Fernández (farmacéutico y veterinario, catedrático de la Escuela), Joaquín Rodríguez del Valle y Andrés Arenas, contador Pedro Barthe Ramos y tesorero Sabino Plaza González. La refundación tuvo lugar en 20 de marzo de 1920 (Viñayo, 1995).

 

Es importante destacar que la creación de estos colegios de profesionales sanitarios fue acompañada de un sentimiento de pertenencia a un común quehacer en  favor de la sanidad pública, como prueba la Unión Sanitaria Leonesa, creada por iniciativa del médico Félix Salgado Benavides, con sede en el Colegio de Médicos (situado entonces en la Plaza de San Isidoro), la cual agrupaba a médicos, farmacéuticos, veterinarios y practicantes, con la finalidad de proteger y prestigiar a los sanitarios de la provincia. Como presidente se nombró al médico y veterinario Juan Morros García, director de la Escuela de Veterinaria, como vocal al veterinario y profesor auxiliar de la misma, Francisco Moratiel Álvarez y como secretario al también veterinario Narciso Espinosa Maeso. La sociedad editaba un Boletín, cuyo primer número apareció en junio de 1921.

 

           

 

5. 2. El Colegio de Veterinarios de León

 

Se creó el 25-VI-1908, por iniciativa del catedrático veterinario y maestro Emilio Tejedor Pérez, quien actuó como presidente interino de la reunión que tuvo lugar ese día en la Escuela de Veterinaria, en la que participaron unos sesenta veterinarios, entre asistentes y adheridos al acto, según La Veterinaria Española, núm. 1826, de 10-VII-1908. Los objetivos que se proponía el Colegio eran la lucha contra el intrusismo, estrechar los vínculos de amistad y cordialidad entre quienes ejercían la profesión, defender los intereses legítimos y los derechos que las leyes le otorgaban, solicitar cuantas medidas enaltecieran las condiciones de vida de los veterinarios y, a la par, fueran beneficiosas para la salud pública y el fomento pecuario. El Diario de León publicó el anuncio de la convocatoria el 16 de junio y el resultado de la reunión  el 26 de junio de 1908 (R. Cubillo, com.  pers., 2005).

 

El periódico citado califica de “hermosos párrafos” los incluidos en la alocución del catedrático, quien señalaba que la misión del veterinario no era solo el herrar caballerías y tratar las enfermedades de los animales domésticos, “como desgraciadamente se cree por muchos”, sino que tenía muy amplios horizontes proyectados hacia las investigaciones biológicas, la salud pública, el control higiénico de los alimentos y muchos más. El orador, como era habitual en la época, invocaba permanentemente el progreso y la dignidad de “la clase”. La primera Junta directiva contó con el citado Emilio Tejedor Pérez, como presidente, Justino Velasco Fernández, veterinario catedrático de la Escuela y doctor en Farmacia, como vice-presidente y Ángel Juan Santos González, como secretario (Cordero del Campillo, 1983, 2004b). Entre los acuerdos figura publicar un periódico como órgano colegial, a partir del 1º de septiembre siguiente, titulado La Veterinaria moderna, cuyo primer número apareció en ese mismo mes, según informa el Diario de León de 7 de septiembre de 1908 (R. Cubillo, com. pers., 2005).   

 

En el segundo decenio del siglo XX hay una gran inquietud profesional veterinaria, con el protagonismo de Gordón Ordás y la participación de Dalmacio García Izcara, quienes crean la Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria (1911), impresa en los talleres de La Democracia, periódico republicano de León, que dirigía Miguel Castaño Quiñones. La publicación pasó a denominarse Revista de Higiene y Sanidad Pecuaria en 1917, año en que publica un complemento titulado La Semana Veterinaria. Ambas publicaciones cesaron en 1936 al comenzar la guerra civil.

 

El Colegio pasó por periodos de decadencia, de modo que fue precisa su recreación en 1925, efemérides que, olvidando los antecedentes de 1908, se conmemoró como 75 Aniversario del Colegio, con una bella exposición en la sala del Edificio Gaudí de Caja España (Anónimo, 1998). Ocupó la presidencia de este Colegio renacido Nicóstrato Vela Esteban (1925-1926), director del matadero municipal y profesor auxiliar de la Escuela de Veterinaria, seguido por Aureliano González Villarreal, catedrático de la Escuela (1926-1932). Miembros de la Junta fueron también los hermanos Nivardo y Ángel Santos González  (Lagartos, 1998).

 

En 1927 aparece en León, bajo la dirección de Pedro González Fernández, catedrático de la Escuela de Veterinaria, con la colaboración del también catedrático Indalecio Hernando Martín, la Revista de Medicina Veterinaria y Ganadería, con un semanario titulado Información Veterinaria, editados en la Imprenta Provincial. En este boletín polemizaba con Gordón Ordás, al que dirigía cartas, que recibían irónica respuesta en la Semana Veterinaria, llamando al catedrático “Perico, el de las Epístolas”.  

 

El periodo de la II República, fue profesionalmente muy positivo para la Veterinaria, que logró la creación de la Dirección General de Ganadería, gracias a Félix Gordón Ordás, a quien el Colegio nombró presidente de Honor. Políticamente, sin embargo, aquel periodo fue muy convulso y acabó en la lamentable guerra civil, de la que mejor es no hablar.

 

            Durante muchos años los servicios administrativos del Colegio estuvieron eficazmente desarrollados por Guillermo Lagartos Fernández, siempre dispuesto a facilitar las actividades de los colegiados, incluso en cuestiones particulares. Había empezado como auxiliar de la Inspección Veterinaria de la Junta Provincial de Fomento Pecuario en 1934, que dirigía Primo Poyatos Page, del Cuerpo Nacional Veterinario. Cuenta Guillermo Lagartos, en textos que él mismo ha editado para memoria del Colegio (1998), en los que muestra su amor a la Veterinaria, que, desde la Asociación [Colegio], con permiso del citado Inspector provincial, Fernando Vega Vaca inspector municipal veterinario de Benavides de Órbigo y José Álvarez Díez, que desempeñaba la plaza de Carrizo de la Ribera, solicitaron su colaboración con los veterinarios municipales para la tramitación y custodia de impresos de guías, recetas de estupefacientes, sellos y la habilitación del Colegio. Guillermo que, en 1982 había sido condecorado con la Cruz de Oficial de la Orden Civil del Mérito Agrícola, se jubiló en 1985 y, por sus muchos merecimientos, recibió el título de Colegiado de Honor, concedido por la Junta de Gobierno presidida por José Teresa Remis, que le fue entregado el 4 de octubre de 1985 por el presidente siguiente, Miguel Abad Gavín, catedrático de la Facultad de Veterinaria.           

 

El Colegio, que nació amparado por la Escuela de Veterinaria,  ha tenido varias sedes. A finales de 1933 se instaló en el piso 2º derecha del edificio Botines, obra del arquitecto Antoni Gaudí, del número l de la calle Ruiz de Salazar, frente al Palacio de los Guzmanes, que alberga la Diputación de León. Era entonces, y sigue siendo actualmente, sede de la Caja de Ahorros de León, hoy Caja España. Desde allí, se trasladó en 1960 a la Avenida del Alcalde Miguel Castaño, núm. 1, 1º izquierda, un piso adquirido a los herederos del colegiado Ángel Santos González, antiguo secretario del Colegio y durante muchos años de la Escuela/Facultad de Veterinaria. Hoy inauguramos esta nueve sede, en la calle dedicada a Pepe Gracia, fotógrafo, personaje vinculado a la Veterinaria, pues de Germán, su padre, conservamos fotografías de la Escuela de Veterinaria, cuando estuvo en el viejo convento de la plaza que entonces se llamaba de la  Veterinaria, hoy de Santo Martino. Pepe Gracia fue suegro de nuestro compañero Manuel Pla Hernández y, como dato curioso más, algunas de mis fotos infantiles fueron realizadas por este entrañable personaje, uno de cuyos libros de fotografías leonesas (Las fotos de Pepe Gracia, León, 1986) he tenido el honor de prologar.

 

Hagamos votos para que este nuevo hogar de la Veterinaria, sirva para mantener los fines de los fundadores y prestigiar el ejercicio profesional de todos los miembros. También agradezcamos a nuestro presidente, José Luis Teresa Heredia y todos los miembros de la Junta directiva,  las gestiones que han llevado a cabo para lograr estas dignas instalaciones.    

 

           

 

             

 

6. BIBLIOGRAFÍA

 

 

 

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LAGARTOS, G., Folleto fechado en octubre de 1998, no paginado, Segunda edición de notas, con motivo de los 75 años de la recreación del Colegio O. de Veterinarios de León).

 

 

 

LAÍN ENTRALGO, P., Historia de la Medicina. Edic. de Laboratorios BEECHAM, Salvat Editores,  Barcelona, 1982.

 

 

 

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VIÑAYO, A. Introducción  a la obra de C. ACOSTA, Tratado de las drogas… (1995).

 

 

 

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-0-0-0-0-0-

 

 

7. ANEXO

 

            Presidentes del Colegio Oficial de Veterinarios de León (1908-2005)

 

Fundación

 

D. Emilio Tejedor Pérez (1908-19..?)

 

Refundación

 

D. Nicóstrato Vela Esteban (1925-1926)

 

D. Aureliano González Villarreal (1926-1932)

 

D. Fernando Vega Baca (1932-1938)

 

D. José Álvarez Díez (1938-1940)

 

D. Santos Ovejero del Agua (1940-1943)

 

D. Isidoro Pellitero Morán (1943-1946)

 

D. Fernando Vega Baca (1946-1949)

 

D. Jaime Rojo Rodríguez (1949-1952)

 

D. Manuel Rodríguez Tabarro (1952-1954)

 

D. Miguel Cordero del Campillo (1954-1956)

 

D. Valentín Rodríguez  y Rodríguez  (1956-1962)

 

D. Toribio Ferrero López (1962-1963)

 

D. Antonio Díaz Domínguez (1963-1963)

 

D. José Fernández Ramón (1963-1977)

 

D. José Teresa Remis (1977-1983)

 

D. Miguel Abad Gavín (1983-200.)

 

D. José Luis Teresa Heredia (30-IV-2002- continúa).

 

 

            Presidentes de Honor

 

 

D. Félix Gordón Ordás (24-VI-1931. Ratificado: 27-II-2003)

 

D. Santos Ovejero del Agua (10-XI-1943)

 

D. Jaime Rojo Rodríguez, a título póstumo (24-VI-1954)

 

D. Miguel Cordero del Campillo (26-I-1974)

 

D. Miguel Abad Gavín  (22-V-2002)

 

 

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Colegiados en León demandantes de empleo

Todos los veterinarios y veterinarias que quieran ofertar sus servicios profesionales en esta web pueden dirigirse al Colegio para que sus datos sean incluidos en este apartado.

 

Colegiado/a:

                                

Tfno:

E-mail

Sectores en los que oferta
sus servicios profesionales

OBSERVACIONES:

 

 

 

Fecha de B.O.C. y L.: Jueves, 25 de septiembre de 2003          B.O.C. y L. n.º 186

Orden PAT/1198/2003, de 3 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, el Estatuto particular del Colegio Oficial de Veterinarios de León.

 

Visto el expediente de inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, del Estatuto particular del Colegio Oficial de VETERINARIOS DE LEÓN, con domicilio social en ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1, 1-º IZQ., de LEÓN, cuyos

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.– Con fecha 20 de mayo de 2003 fue presentada por D. José Luis Teresa Heredia, en calidad de Presidente del Colegio Oficial de VETERINARIOS DE LEÓN, solicitud de inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, del Estatuto particular del Colegio Oficial citado, que fue aprobado en Asamblea General Extraordinaria de fecha 16 de mayo de 2003 y rectificados errores por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2003.

Segundo.– El citado Colegio se encuentra inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, por Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de fecha 26 de junio de 2000, con el número registral 52/CP.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, apartado a) y en el artículo 29, apartado b), de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León, el artículo 13, apartados 3 y 5, y el artículo 34, apartado 1-b), del Decreto 26/2002, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales, los Colegios Profesionales comunicarán a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, los Estatutos y sus modificaciones para su calificación de legalidad, inscripción y publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y, una vez inscritos y publicados, los Estatutos tienen fuerza de norma obligatoria.

Segundo.– Resulta competente para conocer y resolver este tipo de expedientes el Consejero de Presidencia y Administración Territorial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.1.11ª del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 2166/1993, de 10 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León, en materia de Colegios Oficiales o Profesionales y el Decreto 317/1993, de 30 de diciembre, de atribución de funciones y servicios en materia de Colegios Oficiales o Profesionales y Decreto 71/2003, de 17 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial.

Tercero.– El Estatuto particular del citado Colegio Profesional cumple el contenido mínimo que establece el artículo 13 de la Ley 8/1997, de 8 de julio.

Vistas las disposiciones citadas y demás normativa de común y general aplicación,

RESUELVO:

1.– Declarar la adecuación a la legalidad del Estatuto particular del Colegio Oficial de VETERINARIOS DE LEÓN.

2.– Acordar su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León.

3.– Disponer que se publique el citado Estatuto particular en el «Boletín Oficial de Castilla y León», como Anexo a la presente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, de acuerdo con el Art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo de la presente notificación.

El interesado podrá, sin necesidad de interponer recurso de reposición, impugnar el acto directamente ante el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, conforme al Art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Valladolid, 3 de septiembre de 2003.

El Consejero,

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

ANEXO

ESTATUTO PARTICULAR DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LEÓN

TÍTULO I

Disposiciones generales

Capítulo I

Denominación, naturaleza jurídica y fines

Artículo 1.– Denominación, ámbito territorial y domicilio.

Su denominación es la de Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de León.

El ámbito territorial es el de la Provincia de León.

El Colegio Oficial de Veterinarios de León tendrá su domicilio social en la Avda. Alcalde Miguel Castaño n.º 1 - 1.º de la ciudad de León.

Artículo 2.– Naturaleza jurídica.

1.– El Colegio Oficial de Veterinarios de León es una Corporación de Derecho Público, reconocida por la Constitución y amparada por la Legislación estatal y autonómica vigente en materia de Colegios Profesionales, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

El Colegio tendrá tratamiento de Ilustre, y su Presidente el de Ilustrísimo.

Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

2.– En lo no previsto en el presente Estatuto, el Colegio se regirá por lo dispuesto en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales; la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León y su Reglamento aprobado por Decreto 26/2002, de 21 de febrero; los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española; los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, los Reglamentos, los acuerdos de los órganos de gobierno de los Consejos, General y de Castilla y León y los del propio Colegio de Veterinarios de León.

3.– El Colegio de Veterinarios de León puede adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de bienes y ejercitar ante los Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción y grado, las acciones que en su propio interés juzgue convenientes.

Artículo 3.– Fines.

Son fines esenciales de este Colegio:

a)         La ordenación, en el ámbito de su competencia, del ejercicio de la profesión veterinaria, la representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados.

b)         La salvaguardia y observancia de los principios deontológicos y ético-sociales de la profesión veterinaria y de su dignidad y prestigio, a cuyo efecto le corresponde cumplir y hacer cumplir a los colegiados el Código Deontológico que corresponda.

c)         La promoción, por todos los medios a su alcance, de la constante mejora de los niveles científico, cultural, económico y social de los colegiados, a cuyo efecto podrá organizar y mantener toda clase de instituciones culturales y sistemas de previsión y protección social.

d)         La colaboración con los poderes públicos en la consecución de la salud de las personas y animales, mejora de la ganadería y la más eficiente, justa y equitativa regulación y ordenación del sector ganadero y alimentario desde la fase de producción al consumo, así como la atención al medio ambiente y la protección de los consumidores.

e)         La mejora de la sanidad, la producción, el bienestar animal y el medio ambiente.

f)          Los recogidos en los vigentes Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, en los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León y en la legislación estatal y autonómica en materia de Colegios Profesionales.

Capítulo II

Funciones

Artículo 4.– Funciones.

Serán funciones propias del Colegio Oficial de Veterinarios de León, en su ámbito territorial, las que le atribuye el artículo 5.º de la vigente Ley Estatal de Colegios Profesionales, las señaladas en los vigentes Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española y en los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, en relación con los fines que tiene encomendados y las enumeradas en el artículo 5.º de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León.

TÍTULO II

Del colegio, organización y gobierno

Capítulo I

Órganos de gobierno

Artículo 5.– Órganos de gobierno del Colegio.

Los órganos de gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de León son:

a) La Junta de Gobierno.

b) La Asamblea General de Colegiados.

Sección Primera.– De la Junta de Gobierno

Artículo 6.– Composición de la Junta de Gobierno.

El Colegio Oficial de Veterinarios de León estará regido por una Junta de Gobierno que estará constituida por un Presidente, un Secretario, un Vicesecretario y cinco Vocales.

De entre los Vocales, a propuesta del Presidente, la Junta de Gobierno designará un Vicepresidente.

Así mismo, se nombrará por la Junta de Gobierno, un representante de la Facultad de Veterinaria de León, con voz pero sin voto, a propuesta de los colegiados veterinarios de la Facultad, que designarán entre ellos a su representante, mediante elecciones convocadas por la Junta de Gobierno de este Colegio Provincial.

Artículo 7.– Funciones de la Junta de Gobierno.         

Corresponde a la Junta de Gobierno la administración y dirección del Colegio, y con esta finalidad tendrá las facultades y las funciones siguientes:

a) Velar por la buena conducta profesional de los colegiados.

b) Administrar los recursos económicos del Colegio.

c) Ejercer la función disciplinaria, imponiendo a los colegiados las sanciones que establecen estos Estatutos.

d) Decidir respecto a la admisión de colegiados que lo soliciten.

e) Organizar la distribución de toda clase de impresos y documentos que le sean propios para la consecución de sus fines, en los términos establecidos en los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria, en los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León y de conformidad con los acuerdos que se adopten al respecto por los órganos colegiados del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

f)  Confeccionar las tarifas de honorarios orientativas que han de regir en todo el ámbito territorial del Colegio.

g) Convocar las sesiones de la Asamblea General de Colegiados y confeccionar el correspondiente Orden del Día.

h) Promover la celebración de reuniones periódicas, entre la Junta de Gobierno y los representantes de todas las asociaciones, organismos, entidades y sectores de cualquier actividad del colectivo veterinario en general, que estén interesados en participar en el desarrollo de los objetivos de esta Corporación, o tengan el deseo de colaborar en sus finalidades.

i)  Contratar y despedir al personal que necesite para el desarrollo de las funciones, siempre que esté debidamente consignado en los presupuestos correspondientes.

j)  La creación, regulación y ordenación de los servicios adecuados para el cobro de percepciones, remuneraciones y honorarios profesionales de los colegiados, cuando éstos lo soliciten libre y expresamente.

k) Proponer a la Asamblea General de Colegiados los presupuestos y liquidaciones de ingresos y gastos.

l)  Habilitar suplementos de crédito.

ll) Aprobar y suscribir convenios y contratos con la Administración de la Comunidad Autónoma, de las Entidades Locales, o cualesquiera otros entes públicos o privados, pudiendo contraer obligaciones y recibir, como consecuencia de los mismos, subvenciones u otro tipo de ayudas.

m) Proponer a la Asamblea General de Colegiados la cuestión de confianza sobre su gestión, y autorizar la cuestión de confianza sobre la gestión de alguno de los miembros de la Junta cuando individual y voluntariamente lo soliciten.

n) Convocar las elecciones a los cargos de la Junta de Gobierno.

ñ) Todas aquellas otras competencias que no estén expresamente atribuidas por estos Estatutos a la Asamblea General de Colegiados.

Artículo 8.– Funcionamiento de la Junta de Gobierno.

1.– La Junta de Gobierno se reunirá, con carácter ordinario, una vez cada mes, convocada por el Presidente con, al menos, una semana de antelación, y con carácter extraordinario, con al menos cuarenta y ocho horas de antelación, siempre que el Presidente lo crea conveniente o lo soliciten por escrito al menos tres miembros de la Junta. Las convocatorias se formularán por escrito e irán acompañadas del Orden del Día correspondiente. En ninguna de estas reuniones se podrá tomar ningún acuerdo que previamente no se haya incluido en el Orden del Día correspondiente, salvo que estén presentes todos los miembros de la Junta y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por los interesados, considerando la urgencia del caso. No obstante, este aspecto deberá constar en el acta de la celebración.

2.– Los acuerdos de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de votos de los miembros asistentes. En caso de empate en la votación, decidirá con voto de calidad el Presidente. Estos acuerdos serán ejecutivos desde el momento de la adopción, sin perjuicio de los recursos que, en contra de aquéllos, puedan presentarse y de las excepciones que se recogen en estos Estatutos.

3.– Para que puedan adoptarse válidamente acuerdos en primera convocatoria, será requisito indispensable que concurra la mayoría de los miembros que integran la Junta de Gobierno. En segunda convocatoria será suficiente con, al menos, una tercera parte de los miembros de la Junta de Gobierno. Tanto en un caso como en otro deberán estar presentes el presidente y el secretario o quienes legalmente les sustituyan.

Entre la celebración de la sesión en primera y segunda convocatoria mediará un intervalo de media hora.

4.– Toda reunión deberá empezar inexcusablemente con la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

5.– El Presidente puede alterar el orden de los temas a tratar y acordar interrupciones a su prudente arbitrio para permitir deliberaciones sobre la cuestión debatida o para descanso en los debates.

6.– De todas las reuniones de la Junta de Gobierno se levantará acta que firmará el Secretario con el visto bueno del Presidente, transcribiéndose en el Libro de Actas correspondiente.

7.– En las actas de la Junta de Gobierno deberán constar los miembros que asisten, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

8.– Será obligatoria la asistencia a las reuniones. La falta no justificada a tres consecutivas, se estimará como renuncia al cargo.

Artículo 9.– Funciones de la Presidencia.

Corresponde al Presidente ostentar la representación máxima del Colegio Oficial, estándole asignado el ejercicio de cuantos derechos y funciones le atribuyen la Ley de Colegios Profesionales, los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria, los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León y estos Estatutos, en todas las relaciones con los Poderes Públicos, Entidades, Corporaciones y personas jurídicas o naturales de cualquier orden, siempre que se trate de materias propias de su competencia; ejercitar las acciones que correspondan, en defensa de los derechos de los colegiados ante los Tribunales de Justicia y autoridades de toda clase; autorizar los informes y comunicaciones que hayan de cursarse, y ejecutar o hacer que se ejecuten los acuerdos que la Asamblea General de Colegiados o la Junta de Gobierno, en su caso, adopten.

El Presidente velará por el cumplimiento de las prescripciones legales y reglamentarias, y de los acuerdos y disposiciones que se dicten por los órganos del Consejo General, por los órganos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, por la Junta de Gobierno del Colegio o por la Asamblea General de Colegiados. Las disposiciones adoptadas en el ejercicio de sus funciones, según las facultades que le están reconocidas, deberán ser acatadas, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellas procedan.

Además le corresponderán los siguientes cometidos:

 1.– Presidir todas las reuniones de la Asamblea General de Colegiados y de la Junta de Gobierno del Colegio, ordinarias y extraordinarias.

2.– Nombrar las Comisiones que considere necesarias, presidiéndolas si lo estimara conveniente.

3.– Convocar, abrir, dirigir y levantar Sesiones.

4.– Firmar las Actas que le corresponda, después de ser aprobadas.

5.– Recabar de los centros administrativos correspondientes los datos que necesite para cumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno.

6.– Autorizar el documento que apruebe la Junta de Gobierno como justificante de que el facultativo está incorporado al Colegio.

7.– Autorizar los informes y comunicaciones que se dirijan a las autoridades, corporaciones o particulares.

8.– Autorizar las cuentas corrientes bancarias, las imposiciones que se hagan y los talones o cheques para retirar cantidades. Otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la compraventa de bienes muebles e inmuebles, en cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno y de la Asamblea General de Colegiados de conformidad con lo previsto en estos Estatutos.

9.– Aprobar los libramientos y órdenes de pago y libros de contabilidad, junto al Vocal de la Sección Económica del Colegio.

10.– Velar con el mayor interés por la buena conducta profesional de los colegiados y por el decoro del Colegio.

11.– Fijar las directrices para la elaboración de los Presupuestos Colegiales.

El cargo de Presidente será ejercido gratuitamente. Sin embargo, en los Presupuestos Colegiales, se fijarán las partidas precisas para atender a los gastos de representación de la Presidencia del Colegio.

Artículo 10.– Funciones de la Vicepresidencia.

El Vicepresidente llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiara el Presidente, asumiendo las de éste en caso de ausencia o enfermedad.

Artículo 11.– Funciones de la Secretaría.

Independientemente de las otras funciones que se derivan de los presentes Estatutos, de las disposiciones vigentes, de los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria, de los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León y de las órdenes emanadas de la Presidencia, corresponde al Secretario:

1.– Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según las órdenes que reciba del Presidente y con la anticipación debida.

2.– Redactar las Actas de las Asambleas Generales de Colegiados y de las reuniones que celebre la Junta de Gobierno, con expresión de los miembros que asisten, cuidando de que se copien, después de ser aprobadas, en el libro correspondiente, firmándolas con el Presidente.

3.– Llevar los libros que se precisen para el mejor y más ordenado servicio.

4.– Recibir y dar cuenta al Presidente de todas las solicitudes y comunicaciones que se remitan al Colegio.

5.– Firmar el documento acreditativo de que el veterinario está incorporado al Colegio.

6.– Expedir las certificaciones que se soliciten por los interesados.

7.– Redactar anualmente la Memoria que refleje las vicisitudes del año, que habrá de leerse en la Asamblea General Ordinaria y que será elevada a conocimiento del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, en su caso.

8.– Asumir la dirección de los servicios administrativos y la Jefatura de Personal del Colegio con arreglo a las disposiciones de estos Estatutos, señalando, de acuerdo con la Junta de Gobierno, las horas que habrán de dedicarse a recibir visitas y al despacho de la Secretaría.

9.– Promover y cuidar el servicio jurídico-laboral de defensa de los colegiados frente a terceros.

El cargo de Secretario será ejercido gratuitamente. Sin embargo, los Presupuestos Colegiales consignarán las partidas precisas para atender los gastos inherentes al cargo, por la necesidad de una mayor dedicación en sus actividades.

Artículo 12.– Funciones de la Vicesecretaría.

Corresponde a la Vicesecretaría suplir a la Secretaría en caso de ausencia o enfermedad, asumiendo sus funciones o cualquier otra que le sea encomendada por la Presidencia.

Artículo 13.– Funciones de las vocalías.

Una vez resulten elegidos los Vocales en la forma prevista en los presentes Estatutos, les serán asignadas por el Presidente las funciones y competencias del área de gestión que se les encomiende.

Sección Segunda.– De la Asamblea General de Colegiados

Artículo 14.– Naturaleza.

1.– La Asamblea General, constituida por todos los colegiados de derecho, es el órgano supremo del Colegio, y a la misma deberá dar cuenta la Junta de Gobierno de su actuación.

2.– Sus acuerdos, válidamente adoptados, obligan a todos los colegiados, incluso a los que hubieran votado en contra o estuvieran ausentes, sin perjuicio del derecho de impugnación que pudiera corresponderles.

Artículo 15.– Funciones de la Asamblea General.

Son funciones de la Asamblea General:

a) Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos del Colegio, para el ejercicio siguiente.

b) Aprobar las liquidaciones del presupuesto del año anterior.

c) Aprobar los cambios de sede del Colegio.

d) Aprobar y modificar los Estatutos de este Colegio y los reglamentos relacionados con la ordenación del ejercicio profesional que, una vez aprobados y cumplidas las previsiones que a este respecto se contienen en los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria y en los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León que serán de obligado cumplimiento.

e) Aprobar los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno del Colegio sobre adquisición, enajenación, gravamen y demás actos jurídicos de disposición sobre bienes inmuebles de la Corporación. Será preceptiva la aprobación por la Asamblea para que éstos puedan llevarse a cabo.

f)  Elegir a los miembros de la Junta de Gobierno.

g) Ejercer y votar la moción de censura contra la Junta de Gobierno del Colegio o alguno de sus miembros, en los términos previstos en los presentes Estatutos.

h) Aceptar o denegar la cuestión de confianza planteada por la Junta de Gobierno o por alguno de sus miembros.

i)  La fusión, absorción, segregación y disolución del Colegio.

j)  Acordar, a propuesta de la Junta de Gobierno y cuando se estime conveniente por cualquier motivo, la constitución de asociaciones, fundaciones u otras entidades con personalidad jurídica sin ánimo de lucro.

k) Aquellos asuntos que le someta la Junta de Gobierno por merecer, a su criterio, esta atención en razón de su específica trascendencia colegial.

l)  Aprobar, en el ámbito de sus competencias, los Reglamentos o Normas de Régimen Interior para el desarrollo y aplicación de estos Estatutos.

Artículo 16.– Funcionamiento de la Asamblea General.

1.– La Asamblea General se convocará preceptivamente, con carácter ordinario, dos veces al año. Una en el primer trimestre para aprobar la liquidación de ingresos y gastos del ejercicio anterior y otra en el último trimestre para aprobar los presupuestos del ejercicio siguiente.

2.– Las Asambleas Generales Extraordinarias podrán celebrarse en todas aquellas ocasiones en que lo considere conveniente el Presidente o la Junta de Gobierno o lo soliciten un mínimo del treinta por ciento del total de colegiados, en cuyo caso se celebrarán en un plazo no superior a treinta días hábiles desde la presentación de la solicitud.

3.– Las Asambleas de colegiados deberán convocarse con, al menos, quince días de antelación, especificando y acompañando el Orden del Día y haciendo constar el lugar y la hora de celebración.

4.– La convocatoria será comunicada por escrito a todos los colegiados junto con el Orden del Día, haciéndose constar la celebración de la sesión en segunda convocatoria, no pudiendo mediar entre la primera y la segunda convocatoria de la reunión un plazo inferior a media hora.

5.– Los acuerdos de la Asamblea General serán adoptados por mayoría simple y, en ningún caso, será válido el voto delegado, ni remitido por correo. En consecuencia, salvo para la elección de los miembros de la Junta de Gobierno, el ejercicio del derecho de voto se supedita a la presencia física en la reunión. No se podrán tomar acuerdos que no figuren en el correspondiente orden del día.

Quedará válidamente constituida la Asamblea en primera convocatoria, cuando concurran la mayoría de sus miembros. Se entenderá válidamente constituida en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes.

Se exceptuarán de las previsiones y exigencias del párrafo anterior los siguientes casos:

a) Cuestión de confianza. Los requisitos de quórum de asistencia y de adopción de los acuerdos se recogen en el artículo 17.

b) Moción de censura. Los requisitos de quórum de asistencia y de adopción de los acuerdos se recogen en el artículo 18.

c) Fusión, absorción, segregación y disolución del Colegio. Se requerirá, como mínimo, un quórum de asistencia de una tercera parte de los colegiados. Para que prospere, se exigirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los presentes.

6.– Tienen derecho a voto en las Asambleas Generales, ordinarias o extraordinarias, todos los colegiados en los que no concurra incapacidad legal o estatutaria, siempre que se hallen al corriente de sus obligaciones económicas y de otro tipo.

7.– Las votaciones en Asambleas Generales podrán ser secretas si así es propuesto por un diez por ciento de los asistentes.

En caso de que se produzca un empate decidirá el voto de calidad del Presidente.

Artículo 17.– Cuestión de confianza.

1.– La Junta de Gobierno del Colegio o cualquiera de sus miembros puede plantear ante la Asamblea General de Colegiados la cuestión de confianza sobre su programa de actuaciones, si considerase contestado mayoritariamente el mismo o sobre su actuación en el desempeño de sus funciones.

2.– El otorgamiento o rechazo de la confianza competerá siempre a la Asamblea General Extraordinaria de Colegiados, convocada a ese solo efecto por la Junta de Gobierno del Colegio, por acuerdo de la misma o a petición de aquel de sus miembros que desee plantear individualmente la cuestión de confianza.

3.– La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los asistentes, en los términos previstos en el artículo 16.5, párrafos primero y segundo de los presentes Estatutos.

Artículo 18.– Moción de censura.

1.– La moción de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros competerá siempre a la Asamblea General Extraordinaria de Colegiados, convocada a ese solo efecto.

2.– La solicitud de esa convocatoria de Asamblea General Extraordinaria requerirá la firma de un mínimo de la tercera parte de los colegiados ejercientes en pleno disfrute de sus derechos colegiales y al corriente de sus obligaciones económicas, incorporados, al menos, con tres meses de antelación. La solicitud deberá expresar con claridad las razones o motivos en que se funde.

3.– La Asamblea General Extraordinaria de Colegiados habrá de celebrarse dentro de los treinta días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se hubiera presentado la solicitud y no podrán tratarse en la misma más asuntos que los expresados en la convocatoria.

4.– Para que la moción de censura sea aprobada y se produzca el consiguiente cese de la Junta de Gobierno o del miembro de este órgano a quien afecte, será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los colegiados integrantes del Colegio.

Si la moción de censura fuera aprobada por la mayoría referida en el párrafo anterior, se convocará elecciones en la forma prevista en los presentes Estatutos.

Capítulo II

De las comisiones

Artículo 19.– Comisiones asesoras.

En el Colegio podrán existir Comisiones, con finalidad exclusivamente asesora, sobre cuya creación, funciones y desarrollo se informará a la Asamblea General de Colegiados. En todo caso, existirá una Comisión Deontológica que asesorará e informará a la Junta de Gobierno en los expedientes disciplinarios que se incoen a los colegiados.

Cada una de estas Comisiones, será presidida por el Presidente o Vocal en quien éste delegue, y actuará como Secretario de las mismas, el Secretario del Colegio o colegiado en quien éste delegue; sus miembros deberán ser colegiados.

Las Comisiones estarán integradas por los veterinarios que se nombren por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial.

Los estudios, propuestas y conclusiones de cada Comisión serán remitidos a la Junta de Gobierno, la cual decidirá si deben ser expuestos y defendidos, en su caso, por el miembro que designe la Comisión correspondiente ante la Asamblea General de Colegiados.

La programación de los temas objeto de estudio podrá ser propuesta por la propia Comisión o por el Presidente del Colegio.

Se habilitarán los medios económicos necesarios para el desarrollo de los programas de trabajo, cuya cuantía será aprobada por la Asamblea General de Colegiados.

Artículo 20.– Comisión Deontológica.

1.– Con carácter permanente existirá una Comisión Deontológica que estará compuesta por los siguientes miembros:

a) El Presidente del Colegio o persona en quien delegue que actuará como Presidente.

b) El Vocal a quien se asigne las tareas correspondientes a la Sección de Deontología y Legislación, que actuará como Secretario.

c) Un mínimo de tres y un máximo de seis colegiados nombrados por la Junta de Gobierno, que representen a los colegiados ejercientes en los distintos ámbitos de la actuación profesional que existen en la provincia, para lo cual la Junta de Gobierno podrá solicitar de las asociaciones representativas de los distintos sectores profesionales, existentes en el seno de los Colegios, la propuesta de aquellos colegiados que estimen más idóneos para formar parte de la Comisión.

2.– Las funciones de la Comisión Deontológica serán:

a) Emitir informes no vinculantes, a petición del Instructor o de la Junta de Gobierno, en cualquiera de las fases del procedimiento disciplinario.

b) Proponer a la Junta de Gobierno cuantas actuaciones crea convenientes para una mejor ordenación y deontología profesional.

c) Informar cuantos proyectos de normas de orden deontológico o relativos a la ordenación profesional se elaboren.

Capítulo III

De las elecciones a la Junta de Gobierno

Artículo 21.– Condiciones de elegibilidad.

Son condiciones de elegibilidad para todos los cargos: Encontrarse en el ejercicio de la profesión, hallarse al corriente en el abono de las cuotas y demás obligaciones estatutarias y no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley de Colegios Profesionales, los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria, los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, y en cuantas disposiciones se dicten con carácter general.

Para poder optar al cargo de Presidente, además, será preciso tener una antigüedad de cinco años, como mínimo, de colegiación ininterrumpida.

Artículo 22.– Electores.

Todos los colegiados con derecho a voto elegirán de entre ellos al Presidente, Secretario, Vicesecretario y cinco vocales. El Presidente, una vez elegidos los integrantes de la Junta de Gobierno, establecerá las áreas de gestión y competencias que se asignan a cada uno de los Vocales elegidos.

Para ejercer el derecho de sufragio activo los colegiados deberán figurar al corriente de sus obligaciones estatutarias con anterioridad al momento en que se acuerde la convocatoria.

Artículo 23.– Duración del mandato.

1.– La renovación de los cargos de la Junta de Gobierno se realizará cada seis años, celebrándose las elecciones con antelación mínima de quince días a la fecha de finalización del período de mandato de los citados cargos.

2.– La Junta de Gobierno del Colegio convocará oportunamente las elecciones para la renovación de los cargos, a lo que dará la debida publicidad, señalando en la convocatoria los plazos para su celebración. Las candidaturas podrán presentarse en el plazo de treinta días a partir del día siguiente de la adopción del acuerdo de convocatoria de lecciones.

3.– Desde la convocatoria de las elecciones hasta que los nuevos miembros de la Junta de Gobierno tomen posesión, actuará con carácter de provisional la Junta de Gobierno saliente.

Artículo 24.– Presentación de candidatos.

Los candidatos deberán reunir los requisitos que señala el artículo 21 de estos Estatutos y solicitarlo por escrito a la Junta de Gobierno del Colegio. La solicitud podrá hacerse en forma individual o en candidatura conjunta.

Artículo 25.– Proclamación de candidatos.

1.– Al día siguiente al de la expiración del plazo para la presentación de candidaturas, la Junta de Gobierno del Colegio se reunirá en sesión extraordinaria y proclamará la relación de los candidatos que reúnan las condiciones de elegibilidad, dando cuenta al Consejo General y al Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León. Las votaciones tendrán lugar a partir de los veinte días naturales siguientes.

2.– Queda prohibida toda actividad electoral que implique descrédito o falta de respeto personal a los demás candidatos y que esté en desacuerdo con los principios de carácter deontológico, de obligada aplicación en todo el territorio nacional. Su incumplimiento acarreará la depuración de la correspondiente responsabilidad deontológica.

3.– En el supuesto de que solo se presentara una candidatura, la Junta de Gobierno, previa comprobación de que el candidato o, en su caso, los candidatos reúnen los requisitos que establecen los presentes Estatutos, proclamará a los mismos electos sin que proceda votación alguna.

Artículo 26.– Procedimiento electivo.

1.– La elección de los miembros de las Juntas de Gobierno será por votación directa y secreta, en la que podrán tomar parte todos los colegiados con derecho a voto, conforme a lo dispuesto en estos Estatutos.

2.– El voto deberá ser emitido personalmente o por correo certificado, en un sobre firmado que incluirá la papeleta del voto en su sobre cerrado, fotocopia del DNI. o Pasaporte del remitente con derecho a voto. La solicitud de ejercicio del voto por correo deberá ser recibida o presentada en el Colegio antes de las veinte horas del día anterior al de las elecciones.

El Secretario de la Junta de Gobierno certificará la petición de voto y tomará nota en el censo para que el día de las elecciones no se realice el voto personalmente.

Presentada o recibida en plazo la solicitud de ejercicio del voto por correo, éste será válido siempre que se reciba en la Mesa antes de la celebración del escrutinio.

3.– La Mesa Electoral estará constituida en el día y hora que se fije en la Convocatoria, por tres Colegiados y sus respectivos Suplentes, cuya designación se hará por sorteo público entre todos los colegiados con derecho a voto que no se presenten a la elección, siendo obligatoria la aceptación, salvo causa justificada. El Presidente de la Mesa y su Suplente serán designados por la Junta de Gobierno de entre los elegidos. El más joven actuará de Secretario. Cualquier Candidato podrá nombrar un Interventor.

Los votantes están obligados a acreditar ante la Mesa Electoral su personalidad. La Mesa comprobará su inclusión en el censo y su Presidente, tras pronunciar en voz alta el nombre y apellidos del votante, indicando que vota, introducirá la papeleta con su sobre en la urna correspondiente.

Serán nulos todos los votos recaídos en personas que no figuren en las candidaturas aprobadas, así como las papeletas que contengan frases o expresiones distintas del nombre y cargo del candidato propuesto.–

4.– Finalizada la votación de los asistentes y en último lugar la de los miembros de la Mesa y los interventores, se procederá a depositar en la urna los votos enviados por correo y a efectuar el escrutinio.

En caso de empate, se procederá a la repetición de la votación del cargo o cargos en que se haya producido el empate, en el plazo más breve posible.

Del desarrollo de la votación y del resultado del escrutinio se levantará Acta seguidamente, firmada por todos los Miembros de la Mesa, la cual se elevará al Consejo General y al Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León para su conocimiento.

5.– Concluido el escrutinio, los representantes de las candidaturas disponen de un plazo de tres días para presentar las reclamaciones que consideren pertinentes.

La Mesa Electoral resolverá sobre las mismas, notificando su resolución en el plazo de dos días.

Tras la resolución de las reclamaciones y protestas, la Mesa Electoral proclamará la candidatura electa. El Acta de proclamación será suscrita por todos los miembros de la Mesa Electoral y remitida a la Junta de Gobierno en funciones.

6.– En el plazo de quince días después de celebradas las elecciones, los colegiados elegidos para Presidente, Secretario, Vicesecretario y Vocales se reunirán con la Junta de Gobierno saliente para la toma de posesión y traspaso de funciones. A continuación, los nuevos cargos se reunirán entre ellos para designar un Vicepresidente y asignar las distintas áreas de gestión y actuación de los Vocales electos, en la forma prevista en los presentes Estatutos.– De esta reunión se levantará el Acta correspondiente con los cargos ya establecidos y efectivos.

Artículo 27.– Publicidad y reclamaciones.

1.– Tanto a las listas de electores como de candidatos, se las dará publicidad en el tablón del Colegio a efectos de reclamaciones en el plazo que acuerde la Junta de Gobierno al convocar las elecciones.

2.– Resueltas las reclamaciones por la Junta de Gobierno serán de nuevo sometidas a publicidad. La lista definitiva de electores servirá a la Mesa Electoral para comprobaciones durante la votación electoral conforme lo previsto en el artículo 26.3.

Artículo 28.– Causas de cese y vacantes.

1.– Los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios Oficiales de Veterinarios cesarán por las causas siguientes:

a) Expiración o término del plazo para el que fueron elegidos.

b) Renuncia del interesado.

c) Condena por sentencia firme, que lleve aparejada la inhabilitación para cargos públicos.

d) Sanción disciplinaria firme por falta grave o muy grave.

e) Pérdida de las condiciones de elegibilidad expresadas en el artículo 21.

f)  La denegación por parte de la Asamblea General de Colegiados de la confianza en los términos previstos en los presentes Estatutos.

g) La aprobación de la moción de censura en los términos previstos en los presentes Estatutos.

h) Por nombramiento para un cargo político de carácter ejecutivo del gobierno o de la Administración Pública Central, Autonómica, Local o Institucional, o para cualquier otro que esté afecto por la legislación estatal o autonómica vigente en materia de incompatibilidades.

i)  Por fallecimiento.

2.– El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León adoptará las medidas que estime convenientes para completar provisionalmente la Junta de Gobierno del Colegio, cuando se produzca el cese de más de la mitad de los cargos de aquéllas.

La Junta Provisional así constituida ejercerá sus funciones hasta que tomen posesión los designados en virtud de elección, que se celebrará conforme a las disposiciones de estos Estatutos, en un período máximo de seis meses.

3.– Cuando las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno afecten a menos de la mitad de sus cargos, la propia Junta designará el sustituto con carácter de interinidad, hasta que se verifique la convocatoria de nuevas elecciones, en el plazo máximo de seis meses. Al cubrirse cualquiera de estos cargos en los supuestos referidos, la duración de los mismos alcanzará solamente hasta el próximo período electoral.

La provisión del nuevo miembro de la Junta de Gobierno deberá comunicarse al Consejo General y al Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, dentro de los quince días naturales siguientes.

TÍTULO III

De los Colegiados

Capítulo I

De la adquisición, denegación y pérdida de la condición de Colegiado

Artículo 29.– Colegiación.

1.– Será requisito indispensable y previo para el ejercicio de la profesión de veterinario en la provincia de León, en cualquiera de sus modalidades, la incorporación, en los términos previstos en la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castila y León, en el Colegio Oficial de Veterinarios de León, cuando el interesado tenga en dicha provincia su domicilio profesional único o principal.

En su defecto, deberá incorporarse al Colegio en cuyo ámbito desempeñe efectivamente su ejercicio profesional.

2.– Se considerará ejercicio profesional cualquier actividad o trabajo que se realice al amparo del título de Licenciado en Veterinaria.

3.– El ejercicio profesional puede verificarse:

a) Al servicio de la Administración General del Estado, de la Administración Autonómica y de la Administración Local.

b) Al servicio de Empresas, Entidades, explotaciones e industrias o negocios relacionados con la veterinaria.

c) De forma libre, que corresponderá a cualquier actividad o trabajo que se realice al amparo del título de Licenciado en Veterinaria y que no se encuentre incluido en los apartados anteriores.

4.– El ejercicio de la profesión, en cualquiera de sus modalidades, se efectuará por los veterinarios colegiados, de acuerdo con las normas reguladoras establecidas en estos Estatutos y en las normas que, a tales fines, se dicten y adopten por el Consejo General y por el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, sin perjuicio de la regulación que, contenida en las disposiciones legales vigentes, estatales y autonómicas, les sean de aplicación por razón de la modalidad de su ejercicio profesional.

De toda inscripción, alta o baja en este Colegio, se dará inmediata cuenta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España y al Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

Artículo 30.– Requisitos.

Para la incorporación al Colegio Oficial de Veterinarios de León, se requiere acreditar, como condiciones generales de aptitud, las siguientes:

a) Ser de nacionalidad española o de la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, salvo lo dispuesto en tratados o convenios internacionales o dispensa legal.

b) Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad.

c) Estar en posesión del título de Licenciado en Veterinaria o de los títulos extranjeros que, conforme a las normas vigentes, sean homologados a aquéllos, todo ello de acuerdo con lo previsto también en las normas y acuerdos de la Unión Europea.

d) No haber sido condenado por sentencia firme que en el momento de la solicitud le inhabilite para el ejercicio profesional.

e) Satisfacer la cuota de ingreso y demás que tenga establecidas el Colegio.

f)  Cumplir los requisitos de idoneidad o aptitud para el ejercicio profesional establecidos o que se establezcan reglamentariamente o a través de acuerdos de los órganos colegiados del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

Artículo 31.– Solicitudes de colegiación.

1.– Para ser admitido en el Colegio Oficial de Veterinarios de León, se acompañará a la solicitud en documento normalizado el correspondiente título original o testimonio notarial del mismo y certificación académica. El justificante por la Universidad de procedencia del abono de los derechos de expedición del título podrá suplir la ausencia del original, quedando obligado el colegiado a su presentación una vez le sea expedido.

Se acompañará igualmente documentación acreditativa de que el solicitante no se halla incurso en causa alguna que le impida su ejercicio profesional como veterinario.

2.– Si el solicitante procediera de alguno de los países miembros de la Unión Europea, deberá presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa comunitaria.

3.– El solicitante hará constar que va a ejercer la profesión, lugar en el que va a hacerlo, y modalidad de aquélla, y la especialidad, en su caso.

4.– Corresponde a la Junta de Gobierno del Colegio resolver sobre las solicitudes de incorporación a los mismos. La Junta de Gobierno acordará, en el plazo máximo de un mes, lo que estimen pertinente acerca de la solicitud de inscripción. Pasado ese plazo sin contestación, se entenderán aprobadas.

5.– Las solicitudes de incorporación serán aprobadas o denegadas, de conformidad con lo dispuesto en estos Estatutos. La Junta de Gobierno practicará las diligencias y recibirá los informes que, en su caso, considere oportunos y notificará la resolución motivada que proceda.

6.– En los casos en que se verifique ejercicio de actividad profesional sin la preceptiva colegiación, previo requerimiento del cumplimiento de deber de colegiación, la Junta de Gobierno podrá acordar de oficio la misma, con la consiguiente notificación al interesado.

7.– Contra la decisión de la Junta de gobierno en esta materia cabrá recurso potestativo de alzada ante el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

Artículo 32.– Denegación de la colegiación.

La solicitud de colegiación será denegada en los siguientes casos:

a) Cuando los documentos presentados con la solicitud de ingreso sean insuficientes u ofrezcan dudas sobre su legitimidad y no se hayan complementado o subsanado en el plazo señalado al efecto.

b) Cuando hubiere sufrido alguna condena por sentencia firme de los Tribunales que en el momento de la solicitud le inhabilite para el ejercicio profesional.

c) Cuando hubiere sido expulsado de otro Colegio, sin haber sido rehabilitado.

d) Cuando al formular la solicitud se hallare suspenso del ejercicio de la profesión, en virtud de corrección disciplinaria corporativa firme.

Obtenida la rehabilitación o desaparecidos los obstáculos que se opusieran a la colegiación, ésta deberá aceptarse por el Colegio sin dilación ni excusa alguna.

Artículo 33.– Trámites posteriores a la admisión.

Admitido el solicitante en el Colegio Oficial de Veterinarios de León, se le expedirá la tarjeta de identidad correspondiente, dándose cuenta de su inscripción al Consejo General de Colegios Veterinarios de España y al Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, en el modelo de ficha normalizada que éstos establezcan. Asimismo, se abrirá un expediente en el que se consignarán sus antecedentes y actuación profesional. El colegiado estará obligado a facilitar en todo momento los datos precisos para mantener actualizados dichos antecedentes.

Artículo 34.– Pérdida de la condición de colegiado.

1.– La condición de colegiado se perderá:

a) Por baja voluntaria, al cesar en el ejercicio profesional en cualquiera de sus modalidades mediante solicitud por escrito.

b) Por condena firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

c) Por sanción firme de expulsión acordada en expediente disciplinario.

d) Por fallecimiento.

2.– La pérdida de la condición de colegiado será acordada por la Junta de Gobierno del Colegio en resolución motivada, que será debidamente notificada al mismo.

3.– Las bajas serán comunicadas al Consejo General de Colegios Veterinarios de España y al Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

4.– Las bajas no liberan del cumplimiento de las deudas vencidas.

Capítulo II

Comunicación de actuaciones profesionales en otras demarcaciones

Artículo 35.– Comunicaciones.

1.– Los colegiados de la provincia de León que deseen actuar en el ámbito territorial de otro Colegio Oficial de Veterinarios, deben comunicarlo al Colegio previa y preceptivamente al desarrollo de su actuación profesional.

2.– Igualmente, el colegiado en otro Colegio Oficial de Veterinarios que desee actuar en el ámbito territorial del Colegio Oficial de Veterinarios de León, deberá comunicar previa y preceptivamente su actuación a éste acompañando documento acreditativo de su colegiación.

Cumplido dicho trámite, podrá realzar la actuación profesional de que se trate.

Estos colegiados no adquieren por este hecho la condición de colegiados en el Colegio Oficial de Veterinarios de León y, por tanto, no disfrutarán de los derechos políticos en este Colegio, ni se les podrá exigir contraprestaciones económicas por ese concepto. Sin embargo, deberán abonar las cuotas que se exijan habitualmente a los colegiados de León por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.

Dichos colegiados quedarán sujetos a las competencias de ordenación, control deontológico y potestad disciplinaria del Colegio Oficial de Veterinarios de León.

Capítulo III

Derechos, deberes y prohibiciones de los colegiados

Artículo 36.– Derechos de los colegiados.

Los colegiados tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en la gestión corporativa, asistiendo a las Asambleas de Colegiados, con derecho de voto. Asimismo, podrán ejercitar el derecho de petición en los términos en que se regula en la vigente legislación.

b) Sufragio, activo y pasivo, en las elecciones a la Junta de Gobierno, en la forma determinada por los presentes Estatutos.

c) Ser amparados por el Colegio, por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España y por el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León cuando se consideren vejados o molestados por motivos de ejercicio profesional.

d) Ser representados por el Colegio, por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España y por el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León cuando necesiten presentar reclamaciones judiciales o extrajudiciales con ocasión del ejercicio profesional, otorgando los poderes del caso y siendo de cargo del colegiado solicitante los gastos y costas judiciales que el procedimiento ocasione.

e) Disfrutar de todos los beneficios que se establezcan por el Colegio, el Consejo General y por el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León en cuanto se refiere a recompensas, cursillos, becas, etc., así como al uso de la Biblioteca colegial, tanto en el local social como en el propio domicilio, mediante el cumplimiento de los requisitos que se señalen.

f)  Proponer razonadamente todas las iniciativas que estime beneficiosas para la profesión y elevar las quejas fundamentadas de actos o hechos que puedan ir en perjuicio suyo, del Colegio o de la Profesión.

Podrán también solicitar de la Junta de Gobierno la convocatoria de Asambleas Generales Extraordinarias, siempre que lo sea en unión de al menos el 30 por ciento de los colegiados.

Asimismo y en los términos prevenidos en los presentes Estatutos, podrán solicitar de la Junta de Gobierno la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria para el ejercicio de la moción de censura a la citada Junta de Gobierno o algunos de sus miembros. Igualmente les corresponde el derecho de sufragio activo en la forma prevista en los presentes Estatutos en el supuesto de planteamiento por parte de la Junta de Gobierno o de alguno de sus miembros de la cuestión de confianza.

g) Percibir todas y cada una de las prestaciones sociales o asistenciales que tenga bajo su tutela y preste el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León o el Colegio respectivo.

h) Ostentar los cargos para los cuales sean nombrados y ejercitar, en general, todos los demás derechos que las disposiciones vigentes les concedan.

i)  Solicitar del Colegio la tramitación del cobro de los honorarios a percibir por servicios, informes, etc., siempre que el Colegio tenga creados los servicios oportunos y siendo de cargo del colegiado solicitante los gastos y costas judiciales que el procedimiento ocasione.

j)  Ejercer su profesión de acuerdo con lo dispuesto en los presentes Estatutos, en los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria, en los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, en el Código Deontológico vigente y en las demás disposiciones que regulen el ejercicio profesional.

Artículo 37.– Deberes de los colegiados.

Los colegiados tendrán los siguientes deberes:

a) Cumplir cuanto disponen los presentes Estatutos, los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León y los acuerdos y decisiones de las autoridades colegiales, del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

b) Estar al corriente en el pago de todas y cada una de las cuotas colegiales y satisfacer toda clase de débitos que tuviese pendientes por suministro de documentos oficiales.

c) Desempeñar los cargos para los cuales fuesen designados en las Juntas de Gobierno y cualesquiera otras Comisiones colegiales.

d) Ajustar su situación y actuación profesional en todo momento a las exigencias legales, estatutarias y deontológicas que rigen el ejercicio de la profesión de veterinario.

e) Emplear la mayor corrección y lealtad en sus relaciones con el Colegio y con los otros colegiados, comunicando a aquél cualquier incidencia vejatoria a un colegiado en el ejercicio profesional de que tenga noticia.

f)  Denunciar por escrito al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal.

g) Comunicar su domicilio profesional y los eventuales cambios del mismo al Colegio.

h) Comunicar por escrito, igualmente, en caso de sustitución por ausencia o enfermedad, el nombre y domicilio del facultativo colegiado que le sustituya, para su debida constancia.

i)  Someter a visado del Colegio los contratos, informes, proyectos, dictámenes y cualquier otro documento que lo precise, en los términos previstos en los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española y en los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

j)  Facilitar al Colegio los datos que se le soliciten para la formación del fichero de colegiados, con objeto de hacer posible el cumplimiento de los fines y funciones del mismo. Atenderá, asimismo, cualquier requerimiento que le haga la Junta de Gobierno, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España o el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León para formar parte de las Comisiones especiales de trabajo, prestando a las mismas su mayor colaboración.

k) Los colegiados deberán cumplir, además, aquellos deberes que les sean impuestos como consecuencia de acuerdos adoptados por el Colegio, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España o el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León en el marco de sus competencias.

l)  Cualquier otro deber que se desprenda de las prescripciones de estos Estatutos o de las comprendidas en los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española o en los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

Artículo 38.– Prohibiciones.

Se prohíbe específicamente a los colegiados:

a) Ofrecer la eficacia garantizada de procedimientos curativos o de medios personales que no hubieren recibido la confirmación de entidades científicas o profesionales de reconocido prestigio.

b) Emplear tratamientos o medios no controlados científicamente y disimular o fingir la aplicación de elementos diagnósticos y terapéuticos.

c) Realizar prácticas dicotómicas.

d) Emplear reclutadores de clientes.

e) Efectuar manifestación o divulgar noticias en cualquier forma que den a entender conocimiento como técnicas, resultados o cualidades especiales de las que se deduzca o pueda deducirse directa o indirectamente, comparaciones con la actividad profesional de otros colegiados, en la medida que dichas actuaciones vulneren lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de la Publicidad.

f)  Tolerar o encubrir en cualquier forma a quien, sin título suficiente o no homologado, sin estar colegiado, trate de ejercer o ejerza la profesión Veterinaria.

g) Ejercer la profesión en un consultorio veterinario o en cualquier otro centro del que, sea o no titular, tenga conocimiento de prácticas ilegales por parte de otras personas, aun cuando se efectúen fuera de su presencia y en horas distintas a las de su ejercicio profesional.

h) Permitir el uso de clínica o consultorio veterinario a personas que, aun disponiendo de título suficiente para ejercer la Veterinaria, no se hallen debidamente colegiadas.

i)  Prestar su nombre para que figure como Director Facultativo o Asesor de clínica veterinaria, que no dirija y atienda o asesore personal y directamente, o que no se ajuste a las leyes vigentes y a los presentes Estatutos, a los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria o a los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León o se violen en ellos las normas deontológicas.

j)  Aceptar remuneraciones o beneficios de laboratorios de medicamentos o fabricantes de utensilios de cura, o cualquier instrumento, mecanismo o utillaje relacionado con la Veterinaria, en concepto de comisión, como propagandista, como proveedor de clientes o por otros motivos que no sean de trabajos de asesoramiento científico específicamente encomendados, de conformidad con las normas vigentes.

k) Ejercer la Veterinaria cuando se evidencian manifiestamente alteraciones orgánicas, psíquicas o hábitos tóxicos que le incapaciten para dicho ejercicio, mediante la confirmación de reconocimiento médico.

l)  El anuncio o difusión de sus servicios, directamente o a través de medios publicitarios, violando lo dispuesto en la legalidad vigente o lo acordado por la Organización Colegial Veterinaria en materia de publicidad.

ll) Efectuar manifestaciones públicas, o a través de la prensa, radio, televisión o cualquier otro medio, de las cuales se pueda derivar un peligro potencial para la salud de la población o un desprestigio o perjuicio para el Colegio, sus colegiados o miembros de su Junta de Gobierno.

m) Utilizar la condición de especialista en alguna rama de la profesión sin tener la titulación acreditativa pertinente.

n) En general, realizar prácticas profesionales contrarias a lo dispuesto en las normas, legales o deontológicas, que rigen el ejercicio profesional de la Veterinaria.

Capítulo IV

Clases de Colegiados

Artículo 39.– Clases de colegiados.

1.– A los fines de estos Estatutos, los colegiados se clasificarán en:

– Ejercientes.

– No ejercientes.

– Honoríficos.

– Miembros de Honor.

2.– Serán colegiados ejercientes cuantos practiquen la veterinaria en cualquiera de sus diversas modalidades.

3.– Serán colegiados sin ejercicio aquellos veterinarios que, perteneciendo a la Organización Colegial, no ejerzan la profesión.

4.– Serán colegiados honoríficos los veterinarios jubilados en el ejercicio de la profesión en cualquiera de sus modalidades, siempre que lleven un mínimo de veinte años de colegiación, y los que se encuentren en estado de invalidez o incapacidad permanente para el ejercicio de la profesión. Los colegiados honoríficos estarán exentos del pago de las cuotas colegiales.

5.– Serán miembros de honor aquellas personas físicas o jurídicas, veterinarios o no, que hayan realizado una labor relevante y meritoria en relación con la profesión veterinaria. Esta categoría será puramente honorífica. Podrá ser propuesto para una recompensa a la autoridad competente.

TÍTULO IV

Régimen de distinciones y premios

Artículo 40.– Distinciones y premios.

1.– Corresponde a la Junta de Gobierno del Colegio la concesión de menciones honoríficas y títulos de Colegiados o de Presidentes de Honor, a favor de cualquier veterinario, así como también de personalidades o entidades no veterinarias que, a su juicio, lo merezcan.

2.– Los colegiados veterinarios, en el momento de su jubilación, si cuentan con más de veinte años de colegiación y no tienen nota desfavorable de sus expedientes colegiales, serán designados automáticamente Colegiados Honoríficos.

3.– La concesión del Título de Colegiado o Presidente de Honor y la adquisición de la condición de Colegiado Honorífico, llevarán anexas la exención del pago de cuotas colegiales, tanto ordinarias como extraordinarias.

4.– Las propuestas de Becas y Bolsas para estudios podrán hacerse también a favor de estudiantes de Veterinaria.

5.– La Junta de Gobierno del Colegio Oficial podrán acordar felicitaciones a favor de sus colegiados, e incluso de los de otros Colegios, cuando por su conducta ejemplar o por sus méritos y servicios extraordinarios prestados a los Colegios o a la profesión, se hayan hecho acreedores de ello.

Cuando el beneficiario resida en una provincia no perteneciente a la Comunidad de Castilla y León, la propuesta será tramitada a través del Consejo General.

TÍTULO V

Del régimen económico

Capítulo Único

De los recursos económicos y de los gastos

Artículo 41.– Recursos económicos.

1.– Los recursos económicos del Colegio podrán ser Ordinarios y Extraordinarios.

2.– Serán recursos ordinarios:

a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan las actividades corporativas, los bienes o derechos que integran el patrimonio del Colegio, así como los fondos depositados en sus cuentas.

b) Los derechos fijados por la Junta de Gobierno por la emisión de dictámenes, resoluciones, informes, tasaciones, visados, reconocimientos de firmas, estudios y otros servicios o consultas que evacue la misma sobre cualquier materia.

c) Las cuotas de incorporación.

d) El importe de las cuotas ordinarias, fijas o variables, así como las cuotas extraordinarias.

e) Los derechos que fije la Junta de Gobierno por expedición de certificaciones.

g) Las cantidades procedentes de sanciones.

h) La participación que se asigne por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España y por el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León en los impresos de carácter oficial y cualesquier otros elementos de certificación, garantía e identificación.

i)  Las cantidades derivadas de la prestación de otros servicios generales a los colegiados.

3.– Serán recursos extraordinarios:

a) Las donaciones o subvenciones de procedencia pública o privada.

b) Los bienes y derechos de toda clase que, por herencia o por cualquier otro título, se incorporen al patrimonio colegial.

c) Cualquier otro que legalmente proceda.

Artículo 42.– Confección y liquidación de presupuestos.

1.– Anualmente se confeccionará por el Vocal-Delegado de la Sección Económica, según las directrices del Presidente, el Presupuesto de Ingresos y Gastos que someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno, debiendo presentarlo esta última durante el último trimestre de cada año a la aprobación de la Asamblea General de Colegiados.

2.– Durante quince días anteriores a la celebración de la Asamblea, los Presupuestos se pondrán a disposición de cualquier colegiado que lo solicite, en la sede colegial.

3.– Asimismo, dentro del primer trimestre de cada año, la Junta de Gobierno deberá presentar ante la Asamblea General de Colegiados el balance y liquidación presupuestaria del ejercicio anterior cerrado al 31 de diciembre, para su aprobación o rechazo. Previamente, dicho balance, acompañado de los justificantes de ingresos y gastos y de los libros contables, habrá quedado a disposición de cualquier colegiado que lo requiera en la sede del Colegio, para poder examinarlo durante quince días anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea.

Artículo 43.– Cuotas.

1.– Todos los colegiados están obligados a satisfacer las cuotas siguientes:

a) Cuota de Incorporación. Es aquella cuota fijada por la Junta de Gobierno del Colegio y susceptible de ser modificada por este mismo órgano, igual para todos los colegiados, que se satisfará al incorporarse al Colegio.

b) Cuota Ordinaria. Es la cuota que se abona durante toda la vida colegial para el normal sostenimiento y funcionamiento del Colegio, por todos los colegiados, con o sin ejercicio. Tal cuota será fijada por la Junta de Gobierno y ratificada por el Asamblea General de Colegiados.

En la misma se incluirán las cantidades económicas con que el Colegio ha de contribuir al sostenimiento económico del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

c) Cuota Extraordinaria. Se trata de una cuota fijada por la Asamblea General de Colegiados, en situaciones particulares para hacer frente a unos gastos extraordinarios y no previstos en los presupuestos colegiales.

2.– La Junta de Gobierno está facultada para conceder el aplazamiento de pago de cuotas y débitos, en supuestos extraordinarios y debidamente justificados, en las condiciones que acuerden en cada caso particular.

Artículo 44.– Obligaciones económicas.

Los colegiados estarán obligados a satisfacer las cantidades que apruebe la Junta de Gobierno por los servicios o suministros que preste el Colegio. Asimismo satisfarán los porcentajes o cuantías fijadas por la Junta de Gobierno, relativos a los derechos de intervención profesional del Colegio.

Artículo 45.– Impago de cuotas.

1.– El colegiado que no abone las cuotas en los plazos correspondientes recibirá del Colegio por escrito reclamación advirtiéndole del impago.

2.– Si persistiere en su actitud de impago y se acumulan más de dos períodos consecutivos, será requerido para hacerlos efectivos, concediéndosele al efecto el plazo de quince días, transcurrido el cual, si no hubiere satisfecho su obligación, se le recargará un 20 por 100 anual.

3.– Si el colegiado persistiere en no pagar en la forma y plazo previstos en el párrafo anterior, con independencia del recargo y la reclamación judicial por el Colegio de las cantidades adeudadas, quedará suspendido en el disfrute de todos sus derechos colegiales previstos en estos Estatutos mientras no haga efectivo el pago de sus obligaciones.– La suspensión se levantará automáticamente en el momento en el que cumpla sus débitos colegiados.

La suspensión en el disfrute de los derechos colegiales no tiene carácter de sanción disciplinaria.

Artículo 46.– Gastos del Colegio.

1.– Los gastos del Colegio serán los necesarios para el sostenimiento de los servicios, sin que pueda efectuarse pago alguno no previsto en el presupuesto aprobado, salvo que la Junta de Gobierno acuerde la habilitación de un suplemento de crédito, que precisará la previa aprobación de la Asamblea General en el caso de que se exceda el presupuesto total anual.

2.– La Junta de Gobierno podrá habilitar suplementos de crédito en los siguientes supuestos:

a) Pago de tributos estatales, autonómicos, o locales, cuando el aumento del gasto se derive de disposición legal o reglamentaria.

b) Pago de personal, cuando el aumento del gasto se derive de disposición legal o estatutaria.

c) Cuando sea necesario atender otros gastos no previsibles y de ineludible cumplimiento.

TÍTULO VI

Del régimen disciplinario

Capítulo I

De la responsabilidad penal, civil y disciplinaria

Artículo 47.– Responsabilidad penal.

Los veterinarios están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión.

Artículo 48.– Responsabilidad civil.

Los veterinarios en su ejercicio profesional, están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo, culpa o negligencia dañen los intereses cuya atención les hubiere sido confiada, responsabilidad que será exigible conforme a la legislación ordinaria ante los Tribunales de Justicia.

Artículo 49.– Responsabilidad disciplinaria.

Los colegiados que infrinjan sus deberes profesionales o los regulados por estos Estatutos, por los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria o por los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León serán sancionados disciplinariamente, con independencia de cualquier otra responsabilidad civil, penal o administrativa en que puedan incurrir.

Artículo 50.– Potestad disciplinaria.

1.– No podrán imponerse sanciones disciplinarias, sino en virtud de expediente instruido al efecto, previa audiencia del interesado, que deberá tramitarse conforme a lo previsto en el presente título y, en su defecto, a las normas del procedimiento disciplinario recogidas en los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, en los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León y en la normativa administrativa vigente.

2.– El ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de los colegiados corresponde a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de León.

3.– El enjuiciamiento y potestad disciplinaria, en relación con los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, corresponderá al Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

4.– Contra las sanciones impuestas por la Junta de Gobierno, cabrá la interposición de recurso en los términos previstos en estos Estatutos.

5.– Los acuerdos sancionadores serán ejecutivos. No obstante, en el caso de que dicha ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, el órgano encargado de resolver podrá acordar de oficio, o a instancia de parte, la suspensión de la ejecución del acto recurrido.

6.– El Colegio Oficial de Veterinarios de León dará cuenta inmediata al Consejo General de Colegios Veterinarios de España y al Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León de todas las sanciones que imponga.

Artículo 51.– Competencia disciplinaria.

El Colegio Oficial de Veterinarios de León sancionará disciplinariamente todas las acciones y omisiones de los colegiados que infrinjan las normas reguladoras de la profesión, los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria, los presentes Estatutos, los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, los reglamentos de régimen interior, las normas deontológicas o cualesquiera otras normas colegiales.

Artículo 52.– Faltas.

Las faltas cometidas por los colegiados veterinarios, que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria, se clasificarán en leves, graves y muy graves.

1.– Son faltas graves:

a) El incumplimiento de los deberes colegiales y profesionales determinados en los presentes Estatutos así como en la normativa deontológica vigente.

b) La práctica de conductas profesionales con infracción de las prohibiciones contenidas en el artículo 38 de estos Estatutos.

c) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, cuya ejecución fuera realizada valiéndose de su condición profesional, previo pronunciamiento judicial firme.

d) El incumplimiento reiterado de los acuerdos emanados de la Asamblea General del Colegio, de la Junta de Gobierno, del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

e) El uso de documentos no reglamentarios o no editados por la Organización Colegial Veterinaria (Colegio, Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León y Consejo General) en los términos previstos en los Estatutos correspondientes.

f)  La falta de denuncia a las autoridades competentes y al Colegio de las manifiestas infracciones cometidas por los colegiados en relación con las obligaciones administrativas o colegiales de que tenga conocimiento.

g) El encubrimiento del intrusismo profesional, o la colaboración al ejercicio de actividades propias de la profesión de Veterinario con quien no ostente el título correspondiente o no reúna la debida aptitud legal para ello, previo pronunciamiento judicial firme.

h) La desconsideración hacia los compañeros, tanto en relación con la actividad de carácter colegial como profesional, en el ejercicio de sus cargos.

i)  Los actos de desconsideración ofensiva hacia los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, del Consejo General de Colegios Veterinarios de España o del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

j)                   La competencia desleal y las acciones y propaganda contrarias a la deontología profesional, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Publicidad.

k) El ejercicio profesional en el ámbito de otro Colegio sin la oportuna comunicación.

l)  El falseamiento o inexactitud grave de la documentación profesional y la ocultación o simulación de datos que el Colegio debe conocer para ejercitar sus funciones de control profesional o para el reparto equitativo de las cargas colegiales.

ll) El ejercicio profesional en situación de embriaguez o bajo el influjo de drogas tóxicas.

m) La realización de actividades, constitución de asociaciones o pertenencia a éstas, cuando tengan como fines o realicen funciones que sean propias o exclusivas del Colegio.

n) La infracción grave del secreto profesional, por culpa o negligencia, con perjuicio para terceros.

ñ) Amparar el ejercicio de la profesión sin la preceptiva colegiación o permitir el uso de la clínica o consultorio veterinario a personas que no se hallen debidamente colegiadas.

o) No respetar los derechos de los particulares contratantes de sus servicios o destinatarios de su ejercicio profesional.

p) El incumplimiento de las normativas reguladoras de actividades profesionales que se ejercen en virtud de convenios o contratos suscritos entre el Colegio y cualquier Administración Pública.

q) El incumplimiento de las prescripciones que se contengan en la normativa deontológica y en los reglamentos ordenadores de la actividad profesional.

2.– Son leves las infracciones comprendidas en el apartado anterior que revistan menor entidad por concurrir alguna de estas circunstancias: la falta de intencionalidad; o escasa importancia del daño causado.

3.– Merecerán la calificación de muy graves las infracciones reputadas como graves en las que concurra alguna de estas circunstancias: Intencionalidad manifiesta; negligencia profesional inexcusable; daño o perjuicio grave al cliente o terceros; obtención de lucro ilegítimo merced a la actuación ilícita; haber sido sancionado anteriormente, por resolución colegial firme no cancelada, a causa de una infracción grave.

Artículo 53.– Sanciones.

Podrán imponerse las siguientes sanciones:

1.ª– Amonestación privada.

2.ª– Apercibimiento por oficio.

3.ª– Amonestación pública.

4.ª– Suspensión en el ejercicio profesional en el ámbito del Colegio hasta 1 mes.

5.ª– Suspensión en el ejercicio profesional en el ámbito del Colegio entre 1 mes y 1 día y 1 año.

6.ª– Suspensión en el ejercicio profesional en el ámbito del Colegio entre 1 año y 1 día y 2 años.

7.ª– Expulsión del Colegio.

Las sanciones 4.ª a 7.ª implican la accesoria de suspensión del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo por el tiempo de su duración.

En el caso de sanción de expulsión será necesario el voto favorable de al menos, las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio.

Artículo 54.– Correspondencia entre infracciones y sanciones.

Por la comisión de infracciones calificadas como leves podrán imponerse las sanciones 1.ª a 2.ª. A las infracciones graves corresponden las sanciones 3.ª a 5.ª. Y sólo las muy graves serán acreedoras a las sanciones 6.ª a 7.ª. Para la determinación de la concreta sanción imponible serán tomadas en consideración las circunstancias previstas en el propio artículo 52.

Capítulo II

Del procedimiento disciplinario

Artículo 55.– Procedimiento disciplinario.

1.– INICIACIÓN. El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio por la Junta de Gobierno; o en virtud de denuncia firmada por un veterinario colegiado o por un tercero con interés legítimo. El órgano encargado de resolver competente, al tener conocimiento de una supuesta infracción, decidirá, a la vista de los antecedentes disponibles, ordenar el archivo de las actuaciones o la incoación de expediente, designando, en ese momento, a un Instructor de entre los miembros de la Junta de Gobierno notificando todo ello al presunto responsable.

Son causas de abstención o recusación las previstas en la legislación administrativa vigente. A los efectos del ejercicio del derecho de recusación, el nombramiento de Instructor será comunicado al expedientado, quien podrá hacer uso de tal derecho, dentro del plazo de ocho días desde el siguiente al recibo de la notificación.

2.– INSTRUCCIÓN. Tras las oportunas diligencias indagatorias, el Instructor propondrá el sobreseimiento del expediente, si no encontrara indicios de ilícito disciplinario, o formulará pliego de cargos, en caso contrario. En el pliego de cargos habrá de indicarse con precisión y claridad, y debidamente motivados: los actos profesionales o colegiales que se presumen ilícitos; la calificación del tipo de infracción en que incurre aquella conducta; la sanción a que, en su caso, puede ser acreedora la misma, así como la identidad del órgano competente para imponer la sanción. Se concederá al expedientado un plazo de quince días a contar desde el siguiente a la notificación para que pueda contestar por escrito, formulando el oportuno pliego de descargos y proponiendo en él la prueba que estime pertinente para su defensa.

En el expediente se admitirán todos los medios de prueba admisibles en derecho, correspondiendo al Instructor la práctica de las que, habiendo sido propuestas, estime oportunas o las que él mismo pueda acordar. De las audiencias y pruebas practicadas deberá existir constancia escrita en el expediente.

3.– RESOLUCIÓN. Concluida la instrucción del expediente disciplinario, el Instructor lo elevará, con la correspondiente propuesta de resolución, al órgano encargado de resolver ante el cual se concederá al expedientado nuevo trámite de audiencia, por el mismo plazo de quince días a contar desde el siguiente a la notificación, para que pueda alegar cuanto estime oportuno o conveniente a su derecho. El Instructor no podrá intervenir en las deliberaciones ni en la toma de decisión del órgano disciplinario.

El órgano encargado de resolver, antes de dictar resolución, mediante acuerdo motivado, podrá devolver al Instructor el expediente para la práctica de las diligencias que sean imprescindibles para la adopción de la resolución. En la práctica de nuevas diligencias podrá intervenir el interesado, si lo cree oportuno, debiéndosele comunicar, en todo caso, el resultado de las mismas. Tras conocer el resultado de estas diligencias el interesado dispondrá de un plazo de ocho días para formular las alegaciones que a su derecho convengan en relación a tales diligencias.

La resolución, que será motivada, decidirá todas las cuestiones planteadas por el interesado y aquellas otras derivadas del procedimiento, debiendo notificarse al mismo en el de los diez días hábiles siguientes a su adopción, con expresión de los recursos a los que hubiere lugar, así como los plazos para interponerlos, de acuerdo con lo previsto en el articulo 58 de estos Estatutos.

Artículo 56.– Prescripción de infracciones y sanciones. Cancelación. Rehabilitación en caso de expulsión.

Las infracciones prescriben:

a) Las leves: A los 6 meses.

b) Las graves: Al año.

c) Las muy graves: A los 2 años.

Las sanciones prescriben:

a) Las leves: A los 6 meses.

b) Las graves: Al año.

c) Las muy graves: A los 2 años.

Los plazos de prescripción de las infracciones comenzarán a contar desde la comisión de la infracción. La prescripción se interrumpirá por cualquier actuación colegial expresa y manifiesta dirigida a investigar la presunta infracción y con conocimiento del interesado. Los plazos de prescripción de las sanciones comienzan a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. La realización de cualquier acto colegial expreso y manifiesto de ejecución de sanción, interrumpirá el plazo de prescripción de la misma.

La cancelación supone la anulación del antecedente sancionador a todos los efectos. Las sanciones por la comisión de faltas leves, graves y muy graves se cancelarán, respectivamente, al año, a los dos años y a los cuatro años, a contar desde el cumplimiento de la sanción de que se trate. En los casos de expulsión la Junta de Gobierno del Colegio podrá, transcurridos al menos tres años desde la firmeza de la sanción, acordar la rehabilitación del expulsado, para lo que habrá de incoar el oportuno expediente a petición del mismo. La Junta de Gobierno, oído el Consejo General o el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, decidirá acerca de la rehabilitación, en atención a las circunstancias de hecho concurrentes en el solicitante.

TÍTULO VII

Del régimen jurídico de los actos y resoluciones del colegio

Capítulo I

De la impugnación de los actos

Artículo 57.– Régimen jurídico.

Derecho aplicable a los actos y resoluciones.

1.– La actividad del Colegio de León relativa a la constitución de sus órganos y la que realice en el ejercicio de potestades administrativas, estará sujeta al derecho administrativo.

2.– Los actos y resoluciones de índole civil y penal así como las relaciones con el personal a su servicio, se regirán por el régimen civil, penal o laboral.

Artículo 58.– Régimen de recursos en relación con los actos y resoluciones del Colegio.

1.– Los actos y resoluciones adoptados por los órganos del Colegio sometidas al derecho administrativo, ponen fin a la vía administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

2.– Contra los actos y resoluciones de los órganos de gobierno y los actos de trámite, si estos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de alzada ante el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

El plazo para interponer dicho recurso será de un mes, si el acto es expreso. Si no lo fuere, el plazo será de tres meses.

3.– El interesado, podrá, sin necesidad de interponer el recurso previsto en el apartado anterior, impugnar el acto ante la jurisdicción contencioso-administrativa conforme lo previsto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

4.– Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la competencia que corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para conocer de los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones del Colegio cuando éste ejerza funciones administrativas delegadas por dicha Administración.

Artículo 59.– Eficacia de los actos colegiales.

Los actos dictados por los órganos colegiales se presumen válidos y producirán efectos desde su adopción, salvo que deban ser notificados individualmente a un colegiado o grupo de colegiados por afectar a sus derechos e intereses legítimos, conforme a la legislación de procedimiento administrativo.

Capítulo II

De la nulidad de los actos

Artículo 60.– Nulidad.

1.– Son nulos de pleno derecho cualesquiera actos de los órganos colegiales, en los casos siguientes:

a)   Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b)   Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o el territorio.

c)   Los que tengan un contenido imposible.

d)   Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

e)   Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, según lo dispuesto en los presentes Estatutos, en los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española y en los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

f)    Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g)   Los acuerdos, decisiones y recomendaciones que estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, no estén amparados por la debida exención legal.

2.– Son anulables los actos de los órganos colegiales que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

TÍTULO VIII

Del régimen de disolución del colegio

Artículo 61.– Disolución.

La disolución del Colegio Oficial de Veterinarios de León será promovida por el propio Colegio, mediante acuerdo adoptado en una asamblea general, convocada al efecto, siendo necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los colegiados integrantes del Colegio. El acuerdo se remitirá a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, para su aprobación. La asamblea decidirá sobre el destino del patrimonio colegial y designara una comisión encargada de liquidarlo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

En lo no previsto en los presentes Estatutos será de aplicación lo previsto en los vigentes Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española y en los Estatutos del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Todas las referencias al Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León deben entenderse referidas al Consejo General en el supuesto de que aquel no hubiera asumido las competencias que en estos Estatutos se indican.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los procedimientos disciplinarios que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de los presentes Estatutos, seguirán tramitándose hasta su resolución de conformidad con la normativa anterior, sin perjuicio de aplicar las medidas previstas en estos Estatutos, si fuesen más favorables para el inculpado.

DISPOSICIÓN FINAL

Los presentes Estatutos particulares entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

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